Chilpancingo, Gro. (Juan Blanco/API).- Alrededor de 20 mil familias de Chilpancingo podrían verse afectadas por un posible desabasto de agua potable, causado por la tala inmoderada de al menos 400 hectáreas de pino en la zona sierreña que colinda con esta capital.
De acuerdo con el comisario del Ejido de La Ciénega, Juvencio Díaz Palemonte, desde hace varias semanas han observado la presencia de talamontes en cuatro puntos de ese ejido.
Tan sólo el domingo pasado, es decir justo durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tierra Colorada, ejemplificó, confiscaron madera que había sido cortada por los malhechores, a quienes les impidieron llevársela.
Advirtió que esta actividad provocaría la sequía de los mantos acuíferos en esa franja, cuya agua es utilizada para abastecer a alrededor de 20 mil familias, mismas que se verían afectadas.
Ampliación Independencia, Plan de Ayala, Pradera, Eduardo Neri, ubicados en el poniente de la ciudad, son sólo algunos de los asentamientos perjudicados.
Los ejidatarios advirtieron que si la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no intervienen -pues fueron ellos quienes les dieron la licencia-, la situación podría detonar en un conflicto mayor, incluso, precisaron, hasta armado.
Desde hace varios años ejidatarios de Chautipan también han venido denunciando la tala indiscriminada de recursos maderables en esa zona serrana del municipio de Chilpancingo que gobierna el perredista Antonio Gaspar Beltrán.
En una llamada realizada a este medio de comunicación en septiembre del año pasado, uno de los 47 ejidatarios inconformes, cuyo nombre se reservó, dijo que el aprovechamiento forestal legal e ilegal inició desde el año 2000, lo que ha dejado como saldo alrededor de 70 mil metros cuadrados de superficie deforestada.
Dijo que tan sólo del 2017 -año en el que la Semarnat otorgó a una empresa el permiso 132SGPARNS.UARRN.0782/2017 para la explotación de la madera- hasta el 2020 sumaban más 40 mil metros cuadrados deforestados, pese a que lo autorizado sólo era de 21 mil.
Acusó que cada vez que era explotado el ejido de Chautipan, el actual comisario, Claudio Tolentino Castro, recibe “varios millones de pesos, más aparte lo que sacan de contrabando, que la verdad es más“.
También advirtió que esta actividad está dejando severos daños ambientales, al grado de que los mantos acuíferos, barrancos y arroyos se están quedando sin agua durante la cuaresma, cuyo líquido de uno de estos, dijo, es utilizado para abastecer a familias de la capital.
“Ahí en el pueblo, en tiempos de secas, los 400 pobladores ya no tiene ni agua para ellos, y si la autoridad no hace nada van a acabar hasta con el agua que llega a Chilpancingo, incluso, hasta el agua que bajan por gravedad de Omiltemi se va a secar si no le paran a la tala inmoderada”, advirtió.
Los ejidatarios, quienes radican en Chilpancingo por el peligro que corren al oponerse a las decisiones del comisariado ejidal apoyado por un grupo delictivo, reiteraron en esa fecha su exigencia a la Semarnat de suspender el permiso de aprovechamiento forestal maderable que le otorgó a dicha empresa.