Chilpancingo, Gro., 07 de Julio de 2025.- La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó una iniciativa de reforma el artículo 180 del Código Penal del Estado para que se reconozca y sancione con claridad la violencia sexual ejercida a través de medios digitales, como una forma de abuso que vulnera la libertad y dignidad de las víctimas, en particular mujeres, niñas, niños y adolescentes, para garantizar su protección efectiva frente al uso de tecnologías para cometer delitos sexuales.
En la iniciativa, que analiza la Comisión de Justicia, la legisladora expone que una de las formas más complejas de violencia contra las mujeres es la violencia digital, por su naturaleza multifacética, amplio alcance, impactos y dificultades para prevenirla, sancionarla y erradicarla, por lo que es indispensable avanzar en la protección de los derechos de las víctimas.
Además, asegura que la violencia digital no se limita a los entornos digitales, sino que puede amplificar otras formas de violencia, como la sexual, al utilizar tecnologías para perpetrar actos que vulneran la libertad, dignidad y privacidad de las víctimas.
“Esta intersección entre la violencia digital y la violencia sexual requiere de un análisis serio para comprender cómo los avances tecnológicos han transformado las dinámicas de agresión”, dijo.
La diputada afirmó que de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2023, en México el 20.9 por ciento de la población usuaria de internet experimentó alguna situación de ciberacoso y el 35.9 por ciento de 12 años y más que lo vivió durante los últimos 12 meses reportó haber sido contactada mediante identidades falsas, el 33.3 por ciento recibió mensajes ofensivos y el 26 por ciento recibió contenido sexual.
Esta propuesta busca fortalecer la protección de las víctimas de abuso sexual, adaptando el marco legal a las nuevas dinámicas de violencia que han surgido con el auge de las tecnologías digitales, al ampliar la tipificación del delito de abuso sexual para incluir conductas realizadas a través de medios electrónicos, como el envío forzado de contenido sexual, acoso sexual en plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico) y la coerción para que la víctima observe o produzca actos sexuales en línea sin su consentimiento.