Chilpancingo, Gro., 27 de julio de 2021. – Diputadas y diputados de la LXII Legislatura aprobaron una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para castigar a quienes, en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos, vacunas o insumos médicos.
En el dictamen aprobado se expone que la crisis sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 ha generado una demanda inusitada de vacunas y fármacos, pero ante el reducido número de vacunas que llegan al país y la urgencia de millones de ciudadanos por ser inmunizados, se han generado grandes incentivos por tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada.
Se agrega que al servidor público que comete el delito de abuso de autoridad en periodo de emergencia sanitaria o de pandemia, consiguiendo para sí o para una tercera persona la aplicación de una vacuna destinada para una acción extraordinaria de inmunización, contraviniendo los criterios de la estrategia de vacunación definida por las autoridades sanitarias, se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de 70 y hasta 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
También se define que dichas acciones inapropiadas se caracterizan por estar fundamentadas en el delito de abuso de autoridad, el cual es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les fueron conferidas para el desempeño de su cargo u oficio.
Esta adición al artículo 274 del Código Penal del Estado considera como causal de delito el hecho de que políticos o funcionarios hagan uso de su autoridad para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos, y generará un importante precedente en la gravedad que el Estado Mexicano le da a este delito.