Guerrero. – La diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) propuso una iniciativa de reforma al Código Penal para que se castigue con uno y hasta ocho años de prisión a quien cometa el delito de discriminación y/o resistencia de particulares en contra del personal de Salud durante la declaración de una emergencia sanitaria
La iniciativa de decreto busca reformar el código penal 499 del estado de Guerrero para sancionar las acciones en contra del personal de los nosocomios, quien en diversas ocasiones han denunciado maltrato y discriminación.
Dio a conocer que de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación se reportó que durante la contingencia sanitaria para frenar la nueva cepa del coronavirus (Covid-19), se han registrado al menos 47 casos de agresiones contra personal de salud, en 22 estados del país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado 21 agresiones al personal de enfermería en 12 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.
Incluso, precisó que durante la pandemia del Covid-19, grupos del crimen organizado impuso medidas sanitarias restrictivas, como toques de queda, amenazas a médicos y cobro de impuestos, en entidades del país, esto como parte los datos de la Secretaría de Gobernación.
Recordó que en Iguala y Petatlán, durante las semanas recientes se registraron agresiones a personal médico y toques de queda.
Los ataques cometidos contra el personal de salud se concentran en (45) agresiones físicas, (25) verbales, (2) escritas y (31) de otro tipo.
Por lo que afirmó que su iniciativa busca modificar el artículo 293 y se adicionan los párrafos quinto y sexto del artículo 204 Bis del Código Penal del estado, que consiste en lo siguiente:
“A quien por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de cien a trescientas unidades de medida y actualización”
“Cuando la resistencia a la que se refiere el presente artículo, se realice durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, en contra de un servidor o funcionario público que pertenezca a los servicios de salud, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito” dijo.
Afirmó que se busca proteger la vida de los profesionales de la salud, como son: médicos, cirujanos, enfermeros, camilleros, laboratoristas, auxiliares, personal de limpieza y demás personal que preste sus servicios en instituciones de salud, del sector público o privado, que actualmente se encuentra en la primera línea de batalla durante la emergencia sanitaria del Covid-19.