La demanda es por la destrucción de sitios históricos, tras la remodelación de la alameda, así como la falta de servicios, como agua potable
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), demandaron un juicio político en contra de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez; rechazan sus aspiraciones para volver a ser alcaldesa.
La tarde de este viernes, más de cien manifestantes partieron en marcha de las oficinas del Bienestar hacia el Congreso de Guerrero, para hacer la entrega formal de la solicitud de juicio político.
Encabezados por el asesor del Gobierno del Estado, Nicolás Chávez Adame, el grupo de manifestantes reclamó la destrucción de la alameda Granados Maldonado, que representaba un sitio histórico para la lucha social en Guerrero.
Y es que en ese lugar, se encontraba un monumento a los caídos de 1960, tras la huelga en el Colegio del Estado, que culminó con la matanza de 13 personas. Derivado de ello, se consolidó la Universidad Autónoma de Guerrero.
“Todo ciudadano tiene derecho de interponer una demanda de juicio político, en contra de los servidores públicos, llámese municipal estatal o federal, que han incumplido y han violentado y transgredido, en este caso, los territorios históricos; la Alameda Francisco Granados Maldonado”, indicó Nicolás Chávez.
Además reclamó que la autoridad municipal no ha podido resolver la problemática del agua potable en la ciudad, a pesar de haber sido una de las demandas que la administración municipal prometió atender en su administración.
El apoderado legal de la organización, Francisco Roque explicó que las demandas se hacen en contra de quién resulte responsable, en este caso la presidenta municipal de Chilpancingo, por temas legalmente establecidos en la constitución.
“El objetivo principal es en relación a los daños que ocasionó. Se debió informar al pueblo y a las organizaciones sociales. La autoridad sabe que son monumentos que se han respetado desde hace tiempo, por tal motivo se presenta esta denuncia por juicio político”.
Una comisión de ocho integrantes de la APPG ingresó a reunión con funcionarios de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y serán las autoridades legislativas las que determinen si existe o no algún delito del gobierno municipal de Chilpancingo.