México. – Una noche de diciembre de 2016, el sonido de los pasos despertó a Ricardo Colmenares en su departamento en la colonia Del Valle, donde vive desde hace veinte años. Varias personas en piyama salían en tropel del edificio para detener a un equipo de hombres con serruchos que estaban derribando los cinco árboles que colindaban con su edificio.
El equipo ya había alcanzado a cortar tres árboles sanos que estaban en la vereda y estorbaban los lugares de estacionamiento de una nueva sucursal de Farmacias del Ahorro, según denunció después un vecino. Pero, asustados por la rabia de la gente, los hombres abandonaron la tarea y se fueron.
Días después regresaron de madrugada, esta vez con sierras eléctricas, y para cuando los vecinos salieron era demasiado tarde: ya habían talado los árboles restantes. “Nos enojó tanto porque los árboles tienen y nos dan vida, pero ¿de qué sirve que nosotros lo sepamos si las autoridades no hacen nada?”, dice Colmenares.
Aquel incidente sería el punto de partida de una investigación que, más de dos años después, derivó en una denuncia judicial por posibles delitos de corrupción y contra el medioambiente presentada este lunes por tres organizaciones civiles —Mexicanos contra la Corrupción, Los Supercívicos y Tojil— en contra de una de las cadenas de farmacias más grandes del país, por el derribo ilegal de más de un centenar de árboles en sucursales en la capital mexicana, presuntamente para construir lugares de estacionamiento o ampliar espacios en sus locales.
“Nos enojó tanto porque los árboles tienen y nos dan vida, pero ¿de qué sirve que nosotros lo sepamos si las autoridades no hacen nada?”, dijo Ricardo Colmeneras, vecinos de la colonia del Valle.
De acuerdo con pruebas fotográficas de antes y después de la tala de árboles, así como con documentos oficiales presentes en la denuncia que fueron revisados por The New York Times, al menos 103 árboles fueron talados en 32 de sucursales de Farmacias del Ahorro en Ciudad de México durante la última década, y la compañía solo tenía permiso de derribo para uno de esos locales.
Al ser consultada por estos hechos, la empresa aseguró al Times que “en la mayoría de los desarrollos para la apertura de nuevas sucursales el proveedor es quien realiza la gestión para los permisos que sean necesarios”, y que esos terceros se comprometen a apegarse al código de ética de la compañía y a respetar la ley.
La tala o destrucción de árboles es un delito penado con hasta cinco años de prisión en la capital mexicana, y cuando está vinculado a una persona moral o jurídica a esta le pueden prohibir determinados negocios u operaciones hasta por cinco años. Pero para los ciudadanos es además un asunto vital: en una megalópolis donde los habitantes tuvieron solo quince días con buena calidad de aire en 2018 y las áreas verdes escasean, el derribo arbitrario de árboles se vuelve una afrenta para quienes conviven con ellos, un acto de indiferencia hacia la vida colectiva.
En diciembre de 2016, varios residentes de aquel edificio de la colonia Del Valle iniciaron una queja formal en la Procuraduría Ambiental de Ciudad de México para solicitar que el daño fuera resarcido. Las autoridades les dijeron entonces que la empresa tenía un permiso para podar cinco árboles, no para derribarlos, y que existía un procedimiento de sanción en curso con la promesa de que fueran repuestos. Pero eso nunca sucedió, asegura Ricardo Colmenares.
El 24 de diciembre de 2016, ante la frustración por la deforestación de su zona, uno de los vecinos informó de lo sucedido a Los Supercívicos, una organización de activistas que busca exhibir a infractores de la sociedad mexicana. El grupo pronto descubrió que no se trataba de un caso aislado (“una mala decisión de alguien” fue como lo justificó en ese entonces la empresa), sino que esa práctica parecía repetirse en cientos de sucursales de Farmacias del Ahorro en todo el país.
Una investigación ciudadana
“Luego de que talan esos árboles, al día siguiente subo a las redes sociales un video que muestra el antes y el después”, explica Arturo Hernández, de 48 años y uno de los fundadores de Los Supercívicos. “En esa publicación me llegaron como siete reportes con Google Maps de gente diciendo que habían hecho lo mismo en otras partes como Aguascalientes, Acapulco y Tijuana”.
Ante la llegada de más reportes, Hernández decidió emplear todo su tiempo disponible en constatar las denuncias a través de Google Maps. La primera búsqueda aleatoria lo llevó a descubrir veinte casos, recuerda. Desde entonces hasta hoy, asegura haber registrado 415 farmacias en veintiséis estados mexicanos con aproximadamente dos mil árboles talados.
Los Supercívicos comenzó en 2005 como un proyecto audiovisual que buscaba generar conciencia cívica a través del humor irreverente y la denuncia pública. La celebración de ceremonias “religiosas” en hoyos enormes en el asfalto; el señalamiento, a través de megáfonos, de los automovilistas que ocupan el carril para bicicletas, o el vestirse de Jesucristo y obligar a una concesionaria a retirar sus Lamborghini de la banqueta o vereda son algunas de las campañas que hicieron célebres al proyecto.
La organización construyó su hogar en las redes sociales, donde tienen millones de seguidores, y convirtió a los celulares en una poderosa herramienta de contraloría social con una aplicación —descargada por más de 70.000 personas— que fue premiada durante los World Summit Awards de 2018 como la mejor aplicación del mundo para participación ciudadana.
Con varios casos de derribos de árboles en la mano, Los Supercívicos se unieron a Mexicanos contra la Corrupción —asociación civil que investiga y documenta casos de corrupción— para iniciar una investigación de antecedentes en la que determinaron que la empresa no contaba con autorización para talar los árboles en decenas de sus locales en Ciudad de México y que la cantidad de casos similares revelaba la posible existencia de una práctica sistemática por parte de la empresa.
En su denuncia, las organizaciones señalan también que es poco probable que ninguna autoridad de seguridad pública o de supervisión ambiental se haya percatado de los derribos de árboles con tal cantidad de casos, todos vinculados con una misma compañía. Por eso solicitan al Ministerio Público que se investiguen posibles actos de corrupción ligados a una estrategia de expansión rápida de la compañía.
“Con este procedimiento se busca que la empresa repare el daño causado al medioambiente pero, sobre todo, que se otorguen garantías de que no volverá a suceder”, dijo Gerardo Carrasco, director de Litigio estratégico de DILE, el brazo jurídico de Mexicanos contra la Corrupción.
La tala clandestina de árboles es un problema en todo el país, desde el robo hormiga hasta grandes organizaciones criminales que trafican con madera, un negocio que crece aceleradamente en México. Pero en la capital mexicana, antes que un problema de escala, es un problema de escasez y de la voracidad del desarrollo urbano.
“El tema es que eliminan los pocos árboles en una ciudad donde escasean áreas verdes, y los árboles individuales tiene beneficios como el capturar partículas grandes de contaminantes, reducir el ruido, mejora visual, entre otros”, dice Juan Manuel Torres Rojo, experto en deforestación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México.
Para Alejandra Salazar, directora de la organización ambiental ProNatura, el derribo de árboles en la ciudad es particularmente preocupante ya que los ecosistemas y la flora urbana sufren de por sí factores como un alto estrés hídrico por la urbanización acelerada, las plagas y la alta contaminación ambiental. A su vez, el hecho de tener cada vez menos árboles que retengan el agua, “ocasiona que se agudice el problema de que las precipitaciones pluviales causen inundaciones”, explica Salazar.
“Cuando tomas en cuenta todos estos factores te das cuenta de por qué importa que una empresa tale árboles y cómo esta decisión afecta la vida de millones de personas”, concluye.
Los costos de la expansión
Una tarde de mediados de marzo, en la misma esquina de Pedregal de Santa Úrsula —al sur de Ciudad de México— donde vende tacos hace más de veinticinco años, Andrés Martínez se lamentaba por la pérdida de un ciprés que siempre lo protegía.
“Era un árbol frondoso que nos daba sombra, yo trabajo en la calle y uno sufre mucho a la intemperie”, dijo el taquero de 63 años. Su puesto está ubicado frente a un local reciente de Farmacias del Ahorro y Martínez cree que es evidente que el árbol fue derribado porque afectaba el estacionamiento del local, una de las 32 sucursales que figuran en la denuncia presentada este lunes por las tres organizaciones.
Farmacias del Ahorro es una de las tiendas minoristas de mayor crecimiento en México, con 1600 sucursales en todo el país. El vertiginoso desarrollo de la empresa fue uno de los objetivos explícitos de Eduardo Solórzano, quien fungió como presidente y director general de la compañía entre 2014 y 2017. En 2016, en una entrevista con la revista Expansión, Solórzano anunció que se proponían duplicar el tamaño de la empresa hacia 2020 y llegar a 2300 tiendas, casi el doble de las que tenían entonces.
Al ser consultada por The New York Times, la compañía respondió a través de un consultor de comunicación y señaló que “en la mayoría de los desarrollos para la apertura de nuevas sucursales el proveedor es quien realiza la gestión para los permisos que sean necesarios, de acuerdo con los requisitos que se tengan que cumplir en cada demarcación y entidad federativa”.
Sin hacer referencia a la práctica de derribo de árboles en sus sucursales por la que se le preguntó específicamente, Farmacias del Ahorro aseguró que los proveedores o desarrolladores inmobiliarios a los que recurren “se comprometen a apegarse a nuestro código de ética y respeto a la ley y es un compromiso que firman”. Eso, agregaron, permite a la empresa “enfocarse en lo que es su especialidad, que es ser la primera opción de bienestar para los mexicanos”.
En la denuncia presentada este lunes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, dirigida contra Farmacias del Ahorro y el o los directivos o representantes que hayan actuado en nombre y por cuenta de la empresa, las organizaciones civiles piden también a la justicia que requiera información sobre los propietarios de los inmuebles donde funcionan las sucursales en las que documentaron el derribo de árboles sin autorización.
Los denunciantes explicaron que la presentación formal tiene como fin sentar un precedente para combatir la impunidad y visibilizar posibles prácticas de corrupción de compañías privadas en temas de medioambiente.
En este sentido, la denuncia menciona como antecedente una investigación que publicó The New York Times en 2012 sobre la expansión de otra empresa, Walmart México, en la que el exdirector general de Farmacias del Ahorro, Eduardo Solórzano, fungió como jefe ejecutivo entre 2005 y 2010. El reportaje del Times revelaba que Walmart México, en su afán por construir tiendas y dominar el mercado, había orquestado una campaña de pago de sobornos a funcionarios mexicanos para obtener permisos en distintos lugares del país.
“Buscamos que las autoridades identifiquen si estos hechos están relacionados con corrupción sistemática”, dice Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora y abogada de Tojil, la asociación civil que lleva la estrategia jurídica del caso por el derribo de árboles, “así como esclarecer si hubo complicidad por parte de las autoridades que fueron omisas en investigar los hechos”.
“No podemos resolver los problemas más grandes del país si no lidiamos y nos apropiamos con lo que es propiedad de todos, que es el medioambiente”, Arturo Hernández, Fundado de Los Supercívicos.
Desde su creación en 2002, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de Ciudad de México ha recibido más de 38.903 denuncias vinculadas con catorce categorías que van desde áreas naturales protegidas hasta ruidos y maltrato animal; el año pasado alcanzó su récord con 5236 denuncias y, en lo que va de 2019, ya va por 1075. Pero solo cuentan con 170 personas para atender esa demanda.
“La realidad es que, independientemente de la corrupción que exista, somos insuficientes los servidores públicos para estar monitoreando todo lo que pasa en la ciudad”, reconoció Zenia Saavedra Díaz, directora de Estudios y Dictámenes de Protección Ambiental de la PAOT. Además de eso, explica, no pueden aplicar sanciones si no encuentran a las personas en flagrancia, “es decir, haciendo la tala o poda”.
Para Arturo Hernández de Los Supercívicos, la relación entre el derribo arbitrario de cada árbol y el bosque de asuntos pendientes de México es evidente: “No podemos resolver los problemas más grandes del país si no lidiamos y nos apropiamos con lo que es propiedad de todos, que es el medioambiente”.