Chilpancingo, Gro., 22 mayo del 2019.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que en coordinación con los gobiernos del estado y municipal de Chilpancingo realicen un estudio sobre las condiciones del puente elevado ubicado a la altura del Parador del Marqués, en el bulevar Vicente Guerrero, que establezca las causas de los múltiples accidentes ahí ocurridos, y realicen la adecuación necesaria para evitar que se sigan suscitando.
La propuesta fue presentada por el diputado Bernardo Ortega Jiménez y aprobada por unanimidad en sesión ordinaria, y hace énfasis en la seria problemática de accidentes viales, lo que debería ser una preocupación de las autoridades competentes y tomar las medidas preventivas necesarias, mediante la instalación de mecanismos inhibidores de velocidad, como topes, tramos sinuosos o bandas rugosas.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD manifestó que es urgente la ejecución de medidas inmediatas y efectivas, ya que según el informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, México ocupa el segundo lugar en muertes por accidentes de tránsito, con alrededor de 24 mil personas fallecidas al año, 40,000 que quedan con discapacidad permanente y más de 750,000 gravemente lesionados.
Expuso además que los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años, y la segunda causa de orfandad.
Por lo anterior, Ortega Jiménez reiteró que las políticas públicas en materia de vías de comunicación que deben implementar los gobiernos estatal y municipal, deben incorporar las características de condiciones de la tierra, planificación urbana y de transporte, el diseño de carreteras seguras y la exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad vial para los nuevos proyectos de construcción.
También realizar un control eficaz de la velocidad a cargo de las corporaciones viales para implementar medidas de descongestión del tráfico, así como la creación de campañas de sensibilización hacia la población, con el objeto de realizar mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos y las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley en la materia, pero sobre todo para la preservación de su integridad física y de la vida.