Universidades públicas fueron utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible participación en diversos fraudes; ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.
De acuerdo con el sitio Animal Político, en total suman 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones han sido denunciadas en más de una ocasión.
La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017.
Le sigue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
Las restantes tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.
La mayoría de los casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.
Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.
Además, el régimen fiscal de las universidades las considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).
Este martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Sin embargo, para respetar el debido proceso, dijo que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras inusuales el 22 de febrero.
Pese a que han pasado cuatro años de las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha sido procesado por las irregularidades detectadas.
En el caso de la UAGro se explica que la Auditoría determinó “un probable daño” a la Hacienda Pública por 170 millones 949 mil pesos debido a que no comprobó que se hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos; ni por los pagos de mantenimiento a diferentes unidades académicas y para la instalación de software.