Chilpancingo, Gro., 28 de septiembre de 2021.- La diputada Beatriz Mojica Morga propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, para dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a este proceso de rendición de cuentas y establecer relaciones de responsabilidad a cada una de las personas que intervienen en él.
En la propuesta que se turnó a la Comisión de Justicia, la legisladora de Morena refiere que, ante la proximidad de los procesos de entrega- recepción de la administración estatal y las municipales, es necesario evitar hechos de corrupción, omisiones u opacidad, fijando responsabilidades en cuanto al mal uso, dilapidación, daño u otros perjuicios al patrimonio de las y los guerrerenses.
Indicó que en todos los procedimientos de este tipo se han detectado desatenciones, deficiencias y no devolución de bienes, y que la carencia normativa permite discrecionalidad para dejar de entregar bienes adquiridos con recursos públicos.
Reiteró que la mala rendición de cuentas, la corrupción y falta de transparencia en los actos de entrega-recepción causan un gran daño al patrimonio público, ante lo cual es necesario que el Órgano Interno de Control acelere los procesos de observancia y tome las medidas complementarias necesarias, en tiempo y forma, para evitar el saqueo y el desacato.
Mojica Morga abundó que el diseño actual de la Ley de Entrega Recepción está limitado y permite a muchos servidores públicos excusarse y, peor aún, incumplir los principios generales de la administración pública, como son la eficiencia, eficacia, rectitud, honestidad y legalidad.
Acuerdos
Las y los diputados exhortaron a los ayuntamientos electos para que a partir del inicio de sus funciones, contemplen en sus respectivos Presupuestos de Egresos los recursos necesarios para realizar adaptaciones en edificios públicos, calles, parques y jardines, y adecuaciones para la movilidad y libre tránsito de las personas con discapacidad, además de prever en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal la adaptación progresiva de las vías y espacios públicos, como lo señala la Ley Para las Personas con discapacidad del Estado.
Esto a propuesta de la diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), asunto en el que intervinieron a favor del acuerdo la diputada Elzy Camacho Pineda (PRD) y el diputado Carlos Cruz López (Morena).
También, a propuesta de la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) se aprobó exhortar a los nuevos ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para que implementen en sus planes de Gobierno los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre en materia de igualdad de género, y para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Intervinieron sobre el tema los diputados Ricardo Astudillo Calvo (PRI), Jennifer García Lucena (PRD) y Beatriz Mojica Morga (Morena).
Asimismo, se turnó a la Junta de Coordinación Política el acuerdo, planteado por la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo (Morena) para crear una Comisión Especial de diputados que investigue, conozca e informe sobre las condiciones en las que se encuentra la estructura, viabilidad, reparación y funcionamiento del puente elevado ubicado en el crucero Chilpancingo-Chichihualco.
Por su parte, la diputada Patricia Doroteo Calderón, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, propuso exhortar al Cabildo de Acapulco para que de manera inmediata establezca los programas y acciones que den cumplimiento a su facultad establecida en la Constitución Política para la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y garantizar con eso el derecho humano de las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El acuerdo se turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y de Cambio Climático.
Asimismo, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó acuerdo para exhortar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos para que, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, implementen mecanismos para justificar y evaluar las políticas públicas de entrega-recepción, garantizando el cumplimiento de la Ley de Entrega-recepción de las Administraciones Públicas del Estado y los Municipios.
La propuesta se aprobó por unanimidad y por último, el Pleno de la LXIII Legislatura aprobó un punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política por el que se determina inhabilitar el periodo del 10 al 20 de agosto de 2021 en el calendario de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero con motivo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, mismos que deberán ser descontados del cómputo de plazos y términos legales establecidos por el órgano fiscalizador y las leyes en la materia. El documento fue presentado por el diputado Manuel Quiñonez Cortés, en su calidad de integrante de este órgano.