Para reglamentar las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos, desde alcaldes hasta regidores, teniendo como parámetro el tamaño de la población de sus respectivos municipios, y en razón de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público municipal al que debe sujetarse el Presupuesto de Egresos Municipal, la diputada Mariana García Guillén presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
En la propuesta que se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la legisladora de Morena menciona que hoy los guerrerenses exigen que el presupuesto que se ejerza satisfaga los requerimientos de la colectividad y que su ejercicio sea más transparente y eficaz, lo que hace necesario establecer las disposiciones legales que prevean de manera específica y concreta los montos a cubrir por concepto de salarios de los presidentes, síndicos y regidores.
Dijo que a pesar de la atención que han recibido las remuneraciones de servidores públicos y legisladores en el plano federal, las de los ayuntamientos no han sido un tema recurrente de la agenda pública y se abre un amplio margen de manejo discrecional para la integración de éstas, lo cual, aunque no contraviene los marcos legales, es fuente potencial de conductas arbitrarias y opacas que sólo están dictadas por criterio, voluntad o capricho personal.
“Por ello, esta iniciativa tiene como objeto reglamentar las remuneraciones respecto de los integrantes de todos los ayuntamientos de nuestro estado, con la finalidad de otorgar certeza y confiabilidad a los gobernados, y de esa manera evitar la tendencia a la opacidad, arbitrariedad, injusticia, falta de rendición de cuentas y omisión en la transparencia del uso de recursos públicos”, abundó.
Recalcó que esta propuesta no restringe la legítima atribución de los ayuntamientos, sino más bien, pretende dictar las bases que ordenen y uniformen los criterios para la asignación de percepciones, apartándolos de la costumbre decisoria mediante consideraciones de naturaleza eminentemente política.
Además, se pretende establecer un mecanismo para dar un mismo trato a los síndicos y regidores de un mismo ayuntamiento, sin importar la carga de trabajo o comisión que les corresponde realizar, como tampoco el partido político al que pertenezcan.