El representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros interpuso hoy una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEDE-Gro.) y en la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue de manera puntual el presunto mal uso de los programas sociales del Gobierno de México, en respuesta a la difusión de un vídeo en redes sociales.
Luego de interponer su denuncia el delegado precisó que, en el manejo de los programas sociales, en la actual administración ya no se reproducen las prácticas de antes en el manejo y entrega de los programas sociales del gobierno federal, no son clientelares ni se entregan con intereses políticos.
“Hoy se han blindado todos los programas y no nos va a temblar la mano, si existe algún ilícito, no seremos cómplices, ni responsables, mucho menos encubriremos a nadie y asumiremos la responsabilidad a cabalidad si existe delito que perseguir”, afirmó.
Sandoval Ballesteros manifestó que no puede ser el ente investigado, el mismo que haga la investigación, por ello presentó esta denuncia ante las instancias competentes para que no solamente sea Bienestar quien haga la investigación, “queremos que sea un ente externo quien la realice y deslinde o finque responsabilidades, y en su caso que sea la fiscalía la que determine si se ha cometido un delito o se ha utilizado un bien público con fines electorales, estamos aquí dando la cara”, puntualizó el funcionario.
El delegado Federal reiteró que, en todo momento los beneficiarios son respetados y tratados como titulares de derechos, y que se cuenta con mecanismos de contraloría social para que sean los propios ciudadanos quienes vigilen el ejercicio de los recursos públicos.
Agregó que la dependencia se conduce en estricto apego a las reglas de operación que norman los programas sociales misma que se diseñaron e implementaron en la presente administración en beneficio de los más vulnerable y destacó que todos y cada uno de los beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal fueron incorporados a partir del Censo de Bienestar; de hecho, Guerrero fue uno de los primeros tres estados en concluir e iniciar la operación de los programas.
Pablo Amílcar Sandoval dijo que con la reforma al artículo cuarto, los programas sociales fueron elevados a rango constitucional y de carácter universal, por lo que ningún funcionario público a nivel federal, estatal o municipal, puede condicionar o retirar el acceso a estas políticas de manera unilateral ni arbitraria.
Gracias a esto, hoy no sólo los funcionarios saben que manipular programas sociales es un delito grave, sino que también los guerrerenses y todos los mexicanos entienden que estos apoyos que se les entregan no son un favor ni una prebenda, sino derechos consagrados en la Constitución.
“En la Delegación Federal hemos impulsado acciones de blindaje en todo el proceso de entrega de los programas sociales, hemos realizado operativos de supervisión para velar el estricto a apego a la norma constitucional y sujetándonos a la política de transparencia y cero tolerancia a la corrupción” afirmó Sandoval Ballesteros.
Finalmente dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro “ la Cuarta Transformación implica mejorar la realidad de los más pobres. Aquellos que históricamente han sido desplazados y olvidados, hoy son por quienes este Gobierno más trabaja”.