Chilpancingo, Guerrero; 23 de enero de 2019.- La diputada Erika Valencia Cardona propuso poner a consideración del
Congreso de la Unión una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para tipificar el delito de violencia política por razón de género.
En la sesión de la Comisión Permanente se informó sobre las iniciativas de adición y reformas a la Leyes General en Materia de Delitos Electorales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas del estado de Guerrero, que presentó a la Mesa Directiva la legisladora.
En el documento, la legisladora argumenta que a pesar de que existe un marco normativo extenso en materia de derechos en pro de la igualdad de género, aún sigue cometiéndose de manera reiterativa actos de violencia en sus diferentes manifestaciones en contra de la mujer.
Recordó que en el reciente proceso electoral en el estado se cometieron diversos hechos de violencia contra las candidatas, por lo que señaló que la “violencia política por razón de género es una tarea pendiente en las legislaturas federales y locales, tanto la definición legal como la tipificación de dicha conducta”.
Agregó que por eso en el proceso de construcción de una sociedad más igualitaria se debe discutir la tipificación de la violencia política por razón de género, como una medida más para perfeccionar el Estado de derecho.
Por ello, en su iniciativa plantea imponer de tres a seis años de prisión y de 18 mil a 44 mil pesos por multa a quien impida,
menoscabe, anule o limite el ejercicio o reconocimiento de uno o varios derechos político electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razón de ser mujer.
Asimismo, en las iniciativas de adiciones y reformas a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado plantea incluir la violencia política en razón de género y su prohibición de los actos que la representen.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.