Chilpancingo, Gro., 21 de marzo de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con penas de quince a treinta años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales y tecnologías de la información, dichas penas aumentarán cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón.
En tribuna, el autor de la propuesta, reseñó que el delito de extorsión a través de los medios mencionados o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, cada vez es más recurrente. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2018 en México se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, de los cuales, 91.6 por ciento fueron vía telefónica.
Mientras que Juan Pablo Aguirre Quezada, Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señala que diariamente en México se registran 13 mil extorsiones en promedio, y es uno de los delitos con mayor incidencia en el país, y en los últimos años se ha sofisticado mediante el uso de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas, situación que en muchas ocasiones no son denunciadas, hecho que genera cifra negra de este delito.
Explicó que las extorsiones incluyen los llamados “montadeudas”, que operan a través de llamadas telefónicas de extorsión y usando la técnica de falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos y suplantación de identidad, que son algunas de las modalidades más recurrentes con las que se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal.
Otros de los casos más comunes son las llamadas de un supuesto familiar que está en apuros o secuestrado, amenazas de un supuesto grupo delictivo o autoridades, así como advertencias de suspender tu línea telefónica por fallas, acciones que mediante engaños buscan alarmar con la intención de obtener información personal o dinero, mientras que a través de la tecnología, los delincuentes ingresan a plataformas de mensajería celular, de donde toman datos y fotografías de los perfiles de usuario de sus posibles víctimas.
Por lo antes expuesto, Sánchez Alarcón recalcó que es primordial atender esa problemática porque es un flagelo que diariamente sufren las familias, por lo que se requiere realizar reformas al Código Penal estatal para imponer penas más severas y para combatir frontalmente el delito de extorsión en las modalidades que se han mencionado. Además, de aprobarse la reforma Guerrero se estaría sumando a los estados de Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México que ya cuentan en sus códigos penales con la tipificación del delito de extorsión, cuando se utilice la comunicación vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación electrónica o de redes sociales.