Con el propósito de contribuir a erradicar el matrimonio infantil y/o la cohabitación forzada, incrementando las penas, y hasta en una mitad más cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propone adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero.
En su propuesta, que analiza la Comisión de Justicia, la legisladora señala que Guerrero es una de las entidades con mayor prevalencia de matrimonio infantil en México, que afecta de manera desproporcionada a las niñas, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión.
Señala que algunas consecuencias que trae esta práctica son la falta de acceso a la educación, complicaciones de salud e incluso la muerte por embarazos prematuros, además de contribuir a generar altos índices de violencia doméstica.
“En Guerrero, sabemos que las cifras detrás del matrimonio infantil no son solo números, son historias de vidas rotas, de niñas que en lugar de jugar y aprender, han sido obligadas a asumir responsabilidades para las cuales no están preparadas. Las niñas no son esposas, no son madres, no son mercancías, son niñas y merecen un futuro libre de violencia, abuso y explotación” dijo.
Por ello, señaló que esta propuesta, de adición de un párrafo al artículo 177 Bis del Código Penal, busca reforzar el marco jurídico del Estado, estableciendo sanciones más estrictas para quienes promuevan, faciliten o consuman este tipo de uniones, garantizando que esta modificación sea un escudo de protección para las niñas, y así salvaguardar su derecho a una vida libre de violencia y abuso, por lo que no se debe considerar un ataque contra las costumbres ni una imposición contra las comunidades.
Finalmente la diputada recalca que al aprobar esta reforma se estará enviando un mensaje claro de que en Guerrero la niñez es intocable y su bienestar no será negociable.
Esta propuesta plantea que a quien coaccione a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión, y a quien induzca este hecho se le aplicarán de 3 a 10 años de prisión, aumentando hasta en una mitad esta penalidad si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.