Chilpancingo, Gro., a 01 de julio del 2021.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que los gobiernos estatal y municipal incluyan la atención psiquiátrica en favor de las víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual, cuyo diagnóstico se aportará como prueba en los procedimientos correspondientes.
La propuesta que fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género expone que tanto el acoso como el hostigamiento en el centro de trabajo son formas de violencia contra las mujeres, que conllevan humillación e intimidación, dañan la salud, la integridad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos, mismos comportamientos que son considerados por las legislaciones local y federal como delitos.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que muchos de los sucesos de acoso u hostigamiento provienen de propietarios, directivos o empleados con jerarquía, clientes, proveedores y compañeros de trabajo, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia las mujeres, aunque también se identifica el acoso sexual entre personas del mismo sexo, con una tendencia ascendente.
Cabada Arias explicó que hay diferentes maneras de generar acoso u hostigamiento, como es el chantaje, cuando se condiciona a la víctima el beneficio laboral, aumento de sueldo o incluso la permanencia en el empleo; el ambiente laboral hostil, en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima; la violencia física verbal y no verbal, tocamientos o acercamientos innecesarios.
Por todo lo anterior, dijo que es importante seguir legislando para lograr reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y combatir este tipo de conductas que generan humillación y pueden generar un problema de salud, seguridad, discriminación y violación a los derechos humanos.
Cabada Arias presentó otra iniciativa para adicionar a la Ley de Salud, a efecto de que las autoridades sanitarias, en coordinación con las autoridades educativas del estado, garanticen que la prestación del servicio social de pasantes y profesionales sea en condiciones de seguridad que no pongan en riesgo su integridad física y psicológica.