Chilpancingo, Gro., 12 de marzo de 2025.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guerrero, expresaron su respaldo, solidaridad, respeto y compromiso con los colectivos de familiares de personas desaparecidas y ratificaron que el Poder Legislativo está en la mejor disposición de trabajar en una Ley que garantice justicia para las personas desaparecidas y sus familiares.
Al participar en la sesión de este miércoles con el tema “Desaparición forzada de personas”, Araceli Ocampo dijo que es importante pronunciarse ante el mensaje que dio una integrante de un colectivo de desaparecidos al inicio de la sesión, porque como representantes populares en todo momento dan acompañamiento a la lucha que emprenden para encontrar a sus familiares.
Asimismo, informó que los colectivos cuentan con el acompañamiento desde lo federal y estatal, muestra de ello es que por la mañana sostuvo una reunión de trabajo con distintos colectivos de familias de desaparecidos con quienes se acordó realizar distintas acciones y acompañamiento para construir una ruta de trabajo en la que se atiendan sus inquietudes.
Por ello, Ocampo Manzanares reiteró que las diputadas y diputados no olvidan que son representantes del pueblo y tienen la obligación de escuchar y atender a todos los sectores de la población, y reiteró que la Comisión de Derechos Humanos trabaja en la elaboración de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas del Estado de Guerrero.
En su oportunidad, el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, se pronunció con un mensaje de solidaridad con las familias de personas desaparecidas al ser una demanda social y sensible que respaldan todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a través del diálogo para trabajar en unidad en este tema que adolece a muchas familias guerrerenses.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena externó que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, es sensible a esta demanda y ha dado instrucciones precisas para que el Gobierno que encabeza brinde la atención a las víctimas, reafirmando en todo momento su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
Por último, recalcó que las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura están en la misma ruta, con voluntad y disposición para dialogar, escuchar y construir soluciones en favor de quienes han sufrido esta grave problemática.
Iniciativas
La Mesa Directiva dio lectura a un oficio signado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, mediante el cual remite la iniciativa preferente de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero, que busca endurecer las penas contra delitos sexuales y la privación ilegal de la libertad de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado, para garantizar el acceso de la población al derecho de la salud mental con un enfoque psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género.
La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) propuso adicionar la Constitución Política del Estado para garantizar la inimpugnabilidad de las reformas aprobadas por el Congreso local, fortaleciendo la soberanía legislativa, la certeza jurídica y la estabilidad del orden constitucional en el estado, en homologación con la reforma Federal en la materia.
La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar que los municipios indígenas y afromexicanos ejerzan plenamente su autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y para fortalecer su capacidad de autogestión, permitiéndoles celebrar convenios, administrar recursos y preservar sus sistemas normativos en cumplimiento de la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana publicada en 2024.
Para abatir el rezago legislativo impulsando la dictaminación de las propuestas a través del cabildeo y crear la figura de la excitativa, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) propuso reformar al artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con penas de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales y tecnologías de la información; se establece aumentar las penas cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado para sancionar con cuatro y hasta siete años de prisión el uso indebido de la inteligencia artificial para alterar videos, audios, rostros o escenarios con la intención de hacerlos pasar como reales y afectar la reputación e integridad de las personas; se busca proteger a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes, de delitos como el grooming y la suplantación de identidad. El Grupo Parlamentario de Morena pidió adherirse a la misma.
Dictámenes
Las y los diputados también aprobaron diversos dictámenes de reformas al Código penal del Estado para sancionar el abandono injustificado de una mujer embarazada con penas de seis meses a tres años de prisión; sanciones de uno a cinco años de prisión por fraude familiar; para para castigar a quienes encubran a feminicidas con penas de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días de multa y para establecer sanciones de 6 meses a 2 años de prisión contra quienes se apoderen de animales domésticos sin consentimiento y con intención de lucro, causando daño a sus propietarios.
Asimismo, reformas al Código Civil para regular los incrementos en las rentas de viviendas, vinculándolos al índice de inflación determinado por el Banco de México y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado para fortalecer la transparencia y asegurar que las cuotas y descuentos destinados a la seguridad social de las y los trabajadores se manejen de manera adecuada, protegiendo su derecho a la seguridad social.
Acuerdos
La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a tomar acciones por la temporada de incendios forestales, que comenzó en el mes de enero.
La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla sobre la prohibición del uso de recursos públicos en eventos y certámenes de belleza que fomentan la violencia simbólica y mediática en contra de las mujeres.
La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso exhortar a la encargada de la dirección general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alma Rosa Espíndola Galicia, perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal, para coordinar políticas públicas con el Gobierno Estatal que permitan la inclusión lingüística en los municipios de Guerrero de profunda influencia indígena.
La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) propuso exhortar a las Secretarías estatales de la Mujer, del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública, para que realicen campañas de difusión masivas para que niñas y mujeres sepan qué hacer y a dónde acudir en caso de sufrir violencia de cualquier tipo, y cuáles son exactamente sus derechos, incluyendo las mujeres indígenas y afromexicanas. Además, que informen las acciones que están realizando con relación a los exhortos presentados en el Congreso del Estado contra el acoso hacia las mujeres.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Salud Guerrero para que garanticen que en sus instalaciones se brinde la atención con perspectiva de género y respeto a los principios de pluriculturalidad y no discriminación a mujeres indígenas, principalmente en las ubicadas en municipios con alto porcentaje de población perteneciente a los pueblos originarios.