Chilpancingo, Gro., 08 de mayo del 2022.- Atendiendo las demandas y propuestas que han hecho colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, encabezó una Mesa de Trabajo Interinstitucional donde presentó el Anteproyecto de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
Este anteproyecto busca ser una herramienta legal que complemente los instrumentos nacionales para la búsqueda de personas a nivel local, y derivó de un compromiso acordado el pasado 22 de marzo en una reunión previa con colectivos de Guerrero y representantes de la Cruz Roja Internacional.
Sánchez Esquivel señaló que la actual Legislatura tiene toda la voluntad política de escuchar y trabajar de manera coordinada junto a los colectivos y familiares de personas desaparecidas, a efecto de enriquecer el anteproyecto.
También reconoció el trabajo y esfuerzo que realizan los grupos de colectivos en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Mi reconocimiento a todos estos colectivos que llevan años, décadas luchando. Nosotros los entendemos, no somos de otro lado; también hemos vivido experiencias dolorosas, experiencias que van quedando en la historia de nuestra propia vida, y en parte entendemos mucho de lo que a ustedes les ha pasado”, externó enfático.
El legislador indicó que Guerrero es un estado lastimado en sus derechos humanos que se ha visto afectado por la impunidad, opacidad y negligencia; trayendo como resultado delincuencia y criminalidad.
Sin embargo, resaltó que hoy se cuenta con una gobernadora sensible y con un Congreso emanado del pueblo donde todos los grupos políticos han puesto de su parte y se han comprometido para que el anteproyecto de ley sea un precedente que sirva para establecer las competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus municipios, y distribuir las responsabilidades para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como la coordinación entre los diversos poderes, órganos y organismos autónomos del estado.
“Les reitero que tenemos la voluntad política para garantizar sus derechos humanos y que en todo momento se sientan representados; porque esta ley, una vez que se presente ante el Pleno, será de ustedes”, remarcó.
Dentro de los puntos que contempla el anteproyecto de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, destacó que se va a garantizar la participación de familiares en el diseño, implementación, monitoreo y la evaluación de las acciones de búsqueda, así como en la investigación e identificación de personas desaparecidas.
También se creará el Banco de Registros Estatales de Personas Desaparecidas, de Fosas Comunes y Clandestinas, y de Personas Fallecidas no Identificadas, procurando que siempre estén actualizados.
Este anteproyecto también integra capítulos innovadores que no se encuentran en la Ley General ni algún otro estado, enfocados en atender la desaparición de mujeres, derechos humanos de la niñez y juventudes, quienes deberán ser respetadas y nunca criminalizadas ni revictimizadas bajo ningún estereotipo o prejuicio, previo a emprender su búsqueda.
“Es una triste realidad que debemos atender con especial dedicación, para que ni una más sea víctima de ningún tipo de violencia. A las mujeres se les debe buscar sin suponer y se les debe encontrar sanas y salvas”, enfatizó el diputado.
En el encuentro, los representantes de los colectivos y familiares de personas desaparecidas expresaron diferentes planteamientos y propuestas para que sean contempladas e integradas al anteproyecto de ley, a fin consolidar la mejor ley posible.
A su vez, pidieron al presidente de la Jucopo que ponga todo su compromiso para que el anteproyecto se dictamine y se apruebe lo más pronto posible, a efecto de que sus demandas sean atendidas como lo merecen.
La reunión de trabajo también contó con la presencia de las diputadas Gabriela Bernal Reséndiz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y Estrella de la Paz Bernal, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como autoridades del Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Cruz Roja Internacional.