La eliminación de seguros de gastos médicos mayores, de vida, separación voluntaria y compensaciones adicionales para altos cargos representaría un ahorro de 10 mil 660 millones de pesos anuales en la administración pública federal, según cálculos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esta “medida de austeridad”, propuesta por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, también impactaría a los trabajadores de institutos y órganos de la administración pública, que han “abusado” al incluir estos beneficios entre sus partidas presupuestales, advierte Mario Delgado, senador por Morena y quien se perfila a ser coordinador de esa bancada en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura.
Aunque son siete las empresas aseguradoras contratadas por dependencias y organismos de gobierno, Metlife México, S. A. de C. V. es la que tiene más contratos. En el actual sexenio obtuvo 14 mil 766 millones de pesos sólo de los tres tipos de seguros. Esto es 10 veces más de lo que se destinó al programa “Fortalecimiento de los Servicios Especiales de Salud” en 2018.
Por eso es que, a partir del próximo año, asegura Mario Delgado, los servidores públicos deberán acudir a los servicios del ISSSTE o, si lo desean, contratar seguros por su cuenta, pero ya no habrá contratos de este tipo desde las administraciones federales.
La próxima legislatura en la Cámara de Diputados aprobará un presupuesto con candados para hacer efectivas las medidas de austeridad, como la eliminación de seguros, asesores, telefonía celular, contratación de consultoras, entre otras medidas, afirma Delgado, en entrevista con Animal Político.
Estas medidas serán obligatorias para las entidades de la administración pública, es decir, dependencias federales y organismos, pero en el caso del Legislativo, será sólo por voluntad, porque la Cámara de Diputados aprueba su propio presupuesto.
Por eso, dice Mario Delgado, la bancada de Morena propondrá un acuerdo en esa materia, para que los legisladores recorten sus gastos adicionales y se sometan a la medida que, ningún funcionario público gane más que el presidente, como se plantea con la propuesta de reforma al artículo 127 Constitucional.