Chilpancingo; Gro., 09 de septiembre de 2021.- La diputada Marben de la Cruz Santiago se pronunció en favor de que, de manera conjunta, la LXIII Legislatura y el nuevo gobierno estatal implementen políticas públicas eficientes que brinden mejores oportunidades de desarrollo a las mujeres indígenas y afromexicanas de la entidad.
La legisladora manifestó que aun cuando el país ha firmado diversos tratados y forma parte de convenciones internacionales para beneficio de estos grupos, el avance es insuficiente, prueba de lo cual es que miles de mujeres indígenas y afrodescendientes son víctimas de una violencia estructural y sistemática.
Aseguró que la violencia contra la mujer no cesa porque el sistema de privilegios instaurado siglos atrás las mantiene en un espacio de sumisión y violencia machista que no sólo se ha enquistado en la sociedad, sino que incluso se ha reproducido por las instituciones del Estado en forma de omisión, revictimización, violencia estructural y sistemática.
Refirió que las mujeres indígenas y afromexicanas sufren tres veces más violencia, por ser pobres, indígenas o afrodescendientes, y manifestó su preocupación porque la falta de servicios básicos y oportunidades de desarrollo las orilla a emigrar a otras entidades, donde muchas veces sufren violencia tanto sexual como laboral y económica.
Por todo lo anterior, dijo que es imperante crear una ley en materia de cooperativismo que empodere a las mujeres y fortalezca la economía los pueblos originarios, porque ciertamente “se tiene una deuda histórica con estas comunidades en torno a la garantía de derechos políticos, culturales y sociales, pues hoy en día carecen hasta de los más elemental para poder vivir con dignidad”.
Por último, indicó que cuando se conforme la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, deberá darse prioridad a la constitución de mecanismos que permitan atender con efiencia y de manera oportuna la grave violación de los derechos humanos que sufren las mujeres indígenas y afromexicanas; abocarse a dotar de herramientas jurídicas suficientes a las comunidades para brindares la máxima atención y protección a estas personas en situación de vulnerabilidad”.