El presidente de Francia, Emmanuel Macron dio un paso que puede definir el resto de su mandato. El mandatario que hasta ahora fiaba su credibilidad en no dejarse intimidar ni retroceder en sus promesas, dio marcha atrás en una medida que ha encendido Francia: la subida de las tasas sobre el carburante. El encarecimiento de la gasolina y el diésel desencadenó hace tres semanas la revuelta de los chalecos amarillos, el movimiento que reclama una mejora del poder adquisitivo y expresa el hartazgo de las clases medias empobrecidas de la Francia provincial. Al final, la presión en la calle, en la oposición y en las propias filas de la mayoría gubernamental se volvió insoportable.
La rectificación es una cura de humilidad para un político que no se ha cansado de repetir que mantendría el rumbo contra viento y marea, y al que muchos franceses ven como un líder arrogante y desconectado de la Francia real. Las protestas de los chalecos amarillos y las escenas de violencia y destrucción en París y otras ciudades han sumido a Macron en su peor crisis desde que llegó al poder en mayo de 2017. El presidente hizo un cálculo de costes y beneficios. Mantener el pulso a los chalecos amarillos podría haber agravado el conflicto y la violencia en la calle. Recular agrieta su imagen de reformista implacable, pero le permite albergar esperanza de que las cosas se calmen.
“Ninguna tasa merece poner en peligro la unidad de la nación”, dijo en una declaración televisada el primer ministro, Édouard Philippe. Philippe se refería al balance humano de estas semanas de protestas: cuatro muertos en circunstancias accidentales y centenares de heridos. El temor inmediato era que un cuarto sábado consecutivo de manifestaciones causase de nuevo disturbios en la capital y pusiese más tensión aún sobre las fuerzas del orden.
La suspensión de la subida de las tasas al combustible, prevista para el 1 de enero, se prolongará durante seis meses. A esta medida le acompañará la congelación de los precios del gas y la electricidad. El Estado dejará de ingresar 2.000 millones de euros al suprimir estas tasas. Si no encuentra otros ingresos o recorta el gasto, esto puede complicar la reducción la deuda.
No está claro que la moratoria en el precio de la gasolina y el gasoil apacigüe a los chalecos amarillos, la prenda que es obligatorio llevar en los vehículos franceses y que es el emblema del movimiento. El Gobierno confía en que, como mínimo, las concesiones sirvan para rebajar el amplio apoyo al movimiento en la opinión pública. Según los sondeos, en torno al 70% de franceses simpatiza con la protesta.
La respuesta de Macron y Philippe a la crisis tiene un inconveniente. Y es que llega tarde y es limitada en comparación con las exigencias de los chalecos amarillos y de algunos políticos de la oposición. Además, aplaza el problema hasta dentro de seis meses, cuando la moratoria expire, fecha que coincidirá, además, con las elecciones europeas. En Francia el Reagrupamiento Nacional (ex-Frente Nacional), partido de la vieja extrema derecha que apoya con entusiasmo a los chalecos amarillos, parte como favorito.
Desde que estallaron las protestas hace tres semanas, otras reivindicaciones se han sumado a la de la moratoria en el impuesto al combustible, que penaliza a los franceses que usan el coche a diario en las ciudades y regiones francesas con menos transporte público. Entre otras peticiones, se incluye una bajada de otras tasas que gravan a las clases trabajadoras, el aumento del salario mínimo o la reintroducción del impuesto sobre la fortuna. Muchos activistas van más allá y exigen la dimisión de Macron. La extrema derecha y la izquierda populista quieren la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas anticipadas. La derecha de tradición moderada pide un referéndum. La protesta ha empezado a extenderse en sectores como los estudiantes de instituto o los agricultores y, en plena campaña de compras navideñas, y empieza a tener un coste para la economía del país.
Que este presidente suspenda una medida ya aprobada y que lo haga bajo la presión de los disturbios es insólito. Puede marcar un antes y un después en el quinquenio presidencial.
El presidente, que ha puesto en marcha unas reformas que incluyen la flexibilización del mercado laboral, pretendía distinguirse de antecesores suyos como François Hollande y sobre todo Jacques Chirac, que en ocasiones flaquearon ante la presión de la calle o de la opinión pública. Pensaba que la indecisión de los gobernantes era una de las causas del carácter irreformable de Francia. Se consideraba legitimado por su victoria electoral y por la amplia mayoría legislativa de su partido, La República en Marcha (LREM).
Desde los primeros bloqueos de los chalecos amarillos en carreteras de todo el hexágono, el 17 de noviembre, Macron y el primer ministro, Philippe, se enrocaron en la negativa a suspender o aplazar la subida del impuesto al carburante. En realidad, no es una medida central en el programa del presidente como lo fue la reforma laboral o la reforma de los ferrocarriles públicos, ambas aprobadas sin mayores contratiempos. Consiste en una subida de 6,5 céntimos por litro en la tasa al diésel y de 2,9 en la tasa a la gasolina. La idea es alinear el precio de ambos combustibles y, en última instancia, disuadir del uso de una fuente energía que emite gases de efecto invernadero. Se enmarca en el plan de lucha contra el cambio climático al que Francia está obligada por acuerdos internacionales que ella misma ha promovido.
Macron rectifica algo más que una medida fiscal y un estilo de gobierno. Señala los límites del combate contra el cambio climático cuando el coste de este combate recae de forma excesiva en capas determinadas de la población. La incógnita es si la moratoria pondrá fin a las protestas o, una vez detectado que el presidente podía ceder, dará alas a nuevas reclamaciones.
“Los franceses no quieren las migajas”, dijo a la agencia France Presse Benjamin Cauchy, figura destacada de los chalecos amarillos. “Quiere la baguette entera”. Con Información del País