Guerrero. -En 2018, Guerrero ocupó el primer lugar en desplazamiento forzado, con poco más de 5 mil desplazados; tan sólo al inicio del mes de julio de este año, huyeron de la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo unas 800 personas, por ello es urgente que el gobierno del estado implemente acciones integrales para hacer frente a las situaciones de riesgo que enfrentan las víctimas de desplazamiento forzoso y puedan retomar su vida y en sus lugares de origen.
En un comunicado señala que durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada local por Morena, Norma Otilia Hernández Martínez subió a tribuna para fijar postura respecto al desplazamiento forzoso que se vive en algunas comunidades de Guerrero, y que afecta a más de 5 mil personas.
Los municipios en los que se registra este desplazamiento son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión quienes huyen por la violencia de grupos armados.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México Informe 2018, donde se destaca que en ese año había 5 mil 56 víctimas de Guerrero, inferior a las 5 mil 948 que hubo en 2017.
“Guerrero ocupó el primer lugar en desplazamiento forzado con 5 mil 56 víctimas durante 2018, muy cerca está Chiapas con 5 mil 35 desplazados, luego Sinaloa con 860, Oaxaca con 300 y Michoacán con 240”, dijo.
Recordó que el episodio más numeroso ocurrió el 11 de noviembre cuando 2 mil personas, de los cuales, 400 fueron menores de edad, de las comunidades Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, huyeron de sus comunidades a causa de los enfrentamientos entre grupos armados.
Mencionó que a pesar de que Guerrero cuenta desde el año 2014 con una Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero, actualmente no tiene reglamento, aunado a la omisión de las autoridades estatales por no poder ofrecer medidas integrales a las víctimas.
La morenista recordó que durante los primeros días de julio de este año, a consecuencia de la violencia entre grupos armados, unas 800 personas fueron desplazadas de la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo y lejos de recibir ayuda puntual, tuvieron como respuesta la omisión de algunos funcionarios del estado “quienes han rechazado y minimizado la problemática”, como fue el caso del vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, quien negó que hubiera familias desplazadas o personas heridas o bien, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien a través de un video que subió a redes sociales, negó también los hechos.
Antes estas acciones, la diputada local por Morena llamó al gobierno del estado a reconocer que en nuestra entidad, el desplazamiento forzado es una realidad que no se puede esconder, “no podemos ser omisos y soslayar este problema, no podemos ocultar esta realidad, nos encontramos ante graves violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos guerrerenses”.
Por eso consideró urgente que el gobierno estatal implemente acciones integrales vinculadas al desplazamiento forzado, para la solución del problema y hacer frente a las situaciones de riesgo que enfrentan, para retomar su vida cotidiana en sus lugares de origen.
