Guerrero. – La venta, distribución, comercialización y el otorgamiento de bolsas de plástico desechable para el acarreo de productos; envases de unicel en la venta y entrega de alimentos así como popotes de plástico será tipificado como delito ambiental y se sancionará hasta con dos años cárcel y suspensión temporal de la licencia cuando se trate de una empresa, la que incurra en dicho delito.
La propuesta fue presentada por el diputado local por Morena, Moisés Reyes Sandoval, quien recordó que el pasado 2 de abril de este año, se aprobó el decreto 220 por el que se adiciona el artículo 49 bis a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero.
Con dicho decreto se prohíbe a los establecimientos industriales, comerciales y de servicios en los municipios del Estado proporcionar a los consumidores, a título gratuito u oneroso, cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para el acarreo de productos; proporcionar envases de poliestireno expandido (unicel) en la venta y entrega de alimentos y usar, entregar o vender popotes de plástico.
Asimismo se aclara que en esta prohibición, se excluyen los popotes que se empleen en hospitales o por cuestiones médicas, siempre y cuando sean de material biodegradable. Asimismo no aplica en casos donde se empleen por razones de higiene o conservación de alimentos.
Dicha Ley –precisó el diputado- impondrá multas a partir del 2020, con la intención de cambiar el uso de las bolsas de plástico por reutilizables, erradicar el uso de popote, envases de unicel en alimentos y bebidas, eliminar el uso de botellas de plástico y empaques de botanas y pan, toda vez que, al año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico, que terminan contaminando principalmente ríos y mares.
“Las cifras de Greenpeace México revelan que en el país son utilizadas 650 bolsas de plástico al año en promedio por persona, con una vida útil de 12 minutos; estamos atentando con nuestra propia vida y especie, y hasta el momento no se ha reaccionado jurídicamente con penas y medidas urgentes que frenen este flagelo que va en contra de la propia existencia humana y su salud”, dijo.
Por tal motivo consideró que más allá de “debates simulados y egoístas”, se busca poner orden al establecer reglas de control y saneamiento y por ello dijo es que se propone adicionar el artículo 362 Bis al Código Penal para el Estado de Guerrero para que se considere como delito contra el ambiente a toda persona que venda, distribuya, comercie y proporcione bolsas de plástico desechable para el acarreo de productos; envases de poliestireno expandido en la venta y entrega de alimentos; y, popotes de plástico y a quien se le impondrá de uno a dos años de prisión.
Se precisa que cuando el delito sea cometido por bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la suspensión temporal de su licencia de funcionamiento hasta por tres años, independientemente de la responsabilidad en que hayan incurrido las personas físicas por el delito cometido.
Además las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa por un servidor público con el dinero del erario y en oficinas gubernamentales, así como la destitución inmediata del cargo y las sanciones previstas en las leyes correspondientes.