Solo pasaron tres días entre uno y otro asesinato. El del locutor de RTG, Gabriel Soriano. Y el del empresario César Zambrano Pérez. Se confirma así, que hay un evidente caldo de cultivo orientado a generar desestabilización en cuando menos tres frentes: debilitar y exhibir la incompetencia de la Fiscalía General del Estado y su titular Jorge Zuriel de los Santos Barrila; someter por anticipado a la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo e inducir una eventual solicitud de licencia al cargo del gobernador Héctor Astudillo Flores. Se lee así.
OLLA DE PRESIÓN AL MÁXIMO.- Los hechos de violencia en el puerto de Acapulco se recrudecieron en los últimos días. Desde dos feminicidios escandalosos que derivaron en marchas demandando justicia. Hasta los asesinatos de un locutor de música hip hop de la paraestatal RTG y del empresario papelero y librero. Las reacciones no pueden dejar de abordarse en esta candente coyuntura:
1.- En las redes sociales cundieron las demandas de justicia. Y de condena para la alcaldesa morenista, Adela Román Ocampo, a quien no le auguran expectativas optimistas. Porque hasta la fecha no se ha decidido a tomar cartas en lo referente a la prevención del delito, marcados con claridad en la Ley Orgánica del Municipio Libre. Ni siquiera ha designado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a casi un mes de tomar protesta como primera autoridad municipal. Y ha desafiado discusivamente a los grupos delictivos. Si presumiblemente, estos grupos le dieron 48 horas para abandonar la alcaldía, esto no significa en términos estrictos que ella tenga que empacar sus maletas. Pero lo que sí es cierto, es que los hechos desestabilizadores hacia su gobierno comenzaron muy temprano. Y amenazan con recrudecerse. Porque la violencia no ha parado desde entonces. Pese a ello, Adela aparece demasiado impasible.
2.- Al fiscal Jorge Zuriel de los Santos, le ha llovido fuerte en su milpita. Desde el escándalo por la residencia millonaria atribuida como propiedad suya y revelado como tal por el diario Reforma. Hasta su visible tortuguismo para esclarecer los últimos crímenes cometidos contra prominentes personajes en Acapulco. Y otros del fuero común. De los Santos Barrila aparece descanchado. No hay trabajo de inteligencia en la dependencia que dirige. Ni sirven las cámaras del C-4. Y el C-5, que el exsecretario de Gobernación y actual senador, Miguel Ángel Osorio Chong prometió poner a funcionar “a la brevedad” desde 2016, fue una entelequia discursiva. No existe. Por eso, el gobernador Astudillo se instaló de golpe en una inevitable disyuntiva: o le exige entregar resultados a su fiscal. O de no hacerlo, terminará por envolverlo en esa gigantesca bola de nieve que amenaza con aplastarlo a él mismo.
3.- El propio mandatario estatal acusa un severo desgaste y una crisis estructural al interior de su gabinete, tras arribar a sus tres años de gobierno. La violencia agudizada lo puso literalmente, contra la pared. En las redes sociales la demanda de que renuncie al cargo se incrementó sustancialmente a raíz de lo anterior. El problema es serio para él. Porque se acerca la fecha en que AMLO tome protesta como presidente del país. Y el PRI no cuenta con mayoría legislativa ni en el Senado ni en la cámara de diputados federal ni en la local. La pinza política en su contra podría cerrarse inevitablemente. Porque si AMLO viene a pelear contra la corrupción y la ineficacia en la función pública, el actual gobernador guerrerense podría instalarse en la vía de ser uno de los primeros en ser llamados a cuentas. Sobre todo, porque el millonario presupuesto destinado para la Seguridad Pública es demasiado opaco en su aplicación. Y porque aunado a ello, hay muchos intereses políticos que quieren verlo ya, fuera del gobierno de la entidad. Tanto de su propio partido como de otros opositores. Es claro que el actual gabinete estatal atraviesa en estos momentos, por una de sus horas más oscuras. Porque los daños son ya, irreversibles.
HOJEADAS DE PÁGINAS… El alcalde perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, admitió que no tiene un solo peso, para pagar los aguinaldos de los trabajadores del ayuntamiento, que suman 30 millones de pesos. Anunció medidas legales para el próximo 30 de octubre contra el exedil priísta, Marco Antonio Leyva Mena. ¿Cederá el gobierno estatal esos 30 millones de pesos? ¿O el gobernador comenzará a apretarlo como hizo con Leyva Mena?