La Cámara
de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Vías
Generales de Comunicación, para sancionar hasta con 7 años de cárcel a quienes
con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la
operación de los servicios de peaje.
Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, se avalaron en lo general las reformas al artículo 533 y la adición de un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que garantizan la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y abonan a resguardar los recursos del erario público.
La reforma establece:
“A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa la prestación de servicio, operación, o deteriore las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas, se le sancionará con una pena de dos a siete años y una multa de doscientas a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito”.
No criminaliza ni coarta el derecho a la libre manifestación
Al
fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la
Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz
(PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar
el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.
Mencionó
que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien
restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en
algunos de ellos, con afanes de lucro.
Es
conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de
cobro, lo cual afecta “a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su
debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa
los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad
de los usuarios de las mismas”.
El
diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las
vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La
propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre
manifestación.
Los
bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura
Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales
cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las
finanzas del Estado mexicano.
En el
presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por
ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar
puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad
económica.
El
objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los
ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de
garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de
comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.
Con el
establecimiento de las sanciones propuestas, “los que dictaminamos entendemos
que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de
compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación, ocasionado por quienes
realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro derechos de peaje y por
el uso de carreteras federales”.
Se busca
que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías
férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para
sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e
integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo,
pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni
están protegidos ante accidentes viales.
El
diputado Víctor Manuel resaltó que el bloqueo de los servicios de peaje es un
negocio inmenso, “es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales
obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor
afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del
millón de pesos”.
Reiteró
que no se criminaliza la libre manifestación y anunció que se presentará una
reserva para reforzar el respeto a las garantías constitucionales, establecidas
en la Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran
actualmente a la ley vigente.
El
propósito de estas reformas, recalcó, es castigar a quien con fines de lucro
interrumpen el tránsito de los medios de transporte y así cuidar la seguridad e
integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de
mercancía y la economía nacional.