El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, demandó a la Fiscalía General del Estado agilizar los procesos penales en contra de los dueños y representantes de la financiera “Complementos Alimenticios Amor S.A de C.V”, que defraudó a casi 40 mil familias de Guerrero por casi mil millones de pesos, especialmente de la región Montaña.
En la sesión de este martes, desde la tribuna del Recinto Legislativo, el legislador de Morena pidió a la FGE dar seguimiento y agilizar los procesos penales, porque el nuevo gobierno tiene la oportunidad de iniciar acciones a favor de la población indígena de esta entidad.
Refirió que esa red de empresas ofreció esquemas de inversión y ahorro con base en sus envíos de dinero desde los Estados Unidos.
“Entre los casos más graves, sin duda Guerrero da cuenta del cometido en el mes de octubre de 2009 a septiembre de 2016, fraude cometido por: Productos Amor S. A. de C. V, y otros, defraudando a 15 mil 155 personas de la región Montaña, con un monto aproximado a los de 917 millones 703 mil 817 pesos”, indicó.
Recordó que en octubre del 2014, el gobierno estatal anunció el pago de una parte de la indemnización a 537 personas y en ese mismo mes, se realizó un segundo pago sin conocerse los montos y listas de personas beneficiadas.
Desde la tribuna, Sánchez Esquivel señaló que la pasada administración estatal no conformó el grupo técnico interinstitucional, integrado por la Fiscalía General del Estado, agentes del Ministerio Público y jueces del Tribunal Superior de Justicia para la agilización de los procesos penales.
“Tampoco dio seguimiento al Convenio Gobierno Federal-Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que FIPAGO liberará los recursos económicos; por lo que tenemos aún carpetas de investigación y/o averiguaciones previas en Tlapa, Iguala, Chilpancingo e incluso en la región de la Costa Chica, sin que estas hayan sido debidamente diligenciadas, por lo tanto, seguimos ante un sin número de víctimas defraudadas, sin que estén en condiciones de recibir beneficio alguno, o de ser indemnizadas”, señaló.
Por esa razón agregó que gobiernos anteriores anunciaron acciones y establecieron convenios para indemnizar a esas humildes familias, pero sin resultados positivos, lo que mantiene a un sin número de víctimas defraudadas sin posibilidades claras de recibir beneficio alguno.