Chilpancingo, Guerrero, a 31 de marzo de 2019.- Para que los servidores públicos acusados de corrupción afronten su proceso desde prisión, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar la Constitución Política local, estableciendo la figura de Prisión Preventiva Oficiosa.
Manifestó que para poder combatir la corrupción es imperante robustecer el sistema de justicia penal, de modo que se pueda sancionar a los servidores públicos que incurren en actos de corrupción.
Y es que, lamentó, “es evidente el grado de impunidad de que han gozado los servidores públicos, inclusive, aun resultando culpables, han afrontado su proceso en libertad”.
La propuesta de reforma es al artículo 139, numeral 6 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para especificar que el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Especificó que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, asociación delictuosa, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones-, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Reformas a la LIPE
También, el legislador planteó reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPE), para instaurar un órgano interno de control que conozca de las irregularidades administrativas que pudiesen cometer los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado y de Protección Ciudadana de la entidad.
Marco Antonio Cabada Arias dijo que la materia electoral es uno de los rubros fundamentales para el combate a la corrupción, por lo que los servidores públicos que representan el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero deben acotar sus conductas a los principios, valores y normas establecidas en todo el Sistema Estatal Anticorrupción. En consecuencia, es urgente la necesidad de instaurar un órgano interno de control que conozca de las irregularidades administrativas que pudieren cometer sus servidores públicos.
Este Órgano Interno de Control, agregó, deberá tener autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto Electoral y de particulares vinculados con faltas graves, y ser sancionados.
También, el Órgano Interno de Control tendrá la atribución de verificar que el ejercicio del gasto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; presentar al Pleno del Instituto los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto; y revisar que las operaciones presupuestales que realice, entre otras.