Para garantizar que quien aspire a un cargo de elección popular no tenga antecedentes de haber cometido ningún tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Angélica Espinoza García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
En la reforma que fue turnada a la Comisión de Justicia se plantea especificar en este ordenamiento que la persona que desee ser candidata a diputada o diputado local, gobernador o gobernadora del estado o miembro de algún ayuntamiento, deberá cumplir con el requisito de no tener alguna condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar, física, psico-emocional, sexual, patrimonial, económica, obstétrica o cualquier otra modalidad que se encuentre plasmada en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Expuso la legisladora de Morena que su propuesta va enfocada prioritariamente a erradicar toda modalidad de violencia, y porque se considera apremiante que las personas que contiendan para espacios de elección popular deben ejercer en su actuar público y privado el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Agregó que esto es debido a que los casos de violencia por razones de género son cada vez mayores, con base en la última encuesta nacional del INEGI que reporta que en México el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia.
Informó que en Guerrero los datos tienen un margen preocupante, al encontrarse entre las entidades con mayor aumento en la prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, con 4.6 por ciento de incremento respecto de la encuesta realizada en 2016. Dijo que, además, Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, con un 15 por ciento, y en las relaciones de pareja con un 47.6 por ciento, de acuerdo a las cifras que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), lo que pone en evidencia el problema social.
Espinoza García reiteró que es importante atender la complejidad y gravedad de la problemática para que se legisle, con la intención de procurar que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad y no estén sujetos a la interpretación o interdependencia de otros derechos que se limitan al interés político.