Chilpancingo, Gro., 12 de septiembre de 2025.- Para que la Lengua de Señas Mexicana (LSM) sea reconocida como patrimonio lingüístico y cultural, medio oficial de comunicación de las personas sordas y derecho garantizado por el Estado, obligando a promover su enseñanza, preservación y uso en la educación, servicios públicos y vida social, con intérpretes certificados, materiales accesibles y docentes capacitados, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) propone reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero.
En la propuesta, que es analizada en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el legislador refiere que en Guerrero las personas sordas enfrentan cotidianamente barreras estructurales que limitan su participación plena y efectiva en la vida social, educativa y política, que evidencia no sólo una falta de políticas públicas integrales, sino una omisión constitucional que impide garantizar plenamente sus derechos lingüísticos y culturales.
Explicó que de acuerdo con el Inegi, en el 2020 el 8.4 por ciento de la población en Guerrero vive con alguna forma de discapacidad, ubicándolo entre las entidades de mayor incidencia a nivel nacional y dentro de este sector las personas con discapacidad auditiva enfrentan desventajas graves como rezago educativo, altos niveles de analfabetismo funcional y exclusión persistente de los espacios educativos y de participación ciudadana, aunado a ello, la falta de intérpretes certificados limitan su acceso efectivo a derechos fundamentales.
El legislador menciona que si bien la Constitución local ya reconoce el derecho a una educación con pertinencia lingüística e intercultural para pueblos indígenas y afromexicanos, y el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad, la LSM aún no ha sido reconocida de forma expresa como patrimonio lingüístico ni como medio oficial de comunicación para las personas sordas.
Explicó también que esta propuesta está fundamentada en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que obliga a todas las entidades federativas a reconocer de manera directa el carácter oficial y el valor patrimonial de la Lengua de Señas Mexicana.
Sánchez Almazán agregó que con esta propuesta de adición al inciso B de la fracción VIII del numeral 1 de artículo 6 y una fracción VI al artículo 188 y de reforma al segundo párrafo al artículo 12, se estarían garantizando plenamente los derechos lingüísticos de las personas sordas.