Chilpancingo, Gro., 30 de abril 2019.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para instalar el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, que tiene como objetivo prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones de sus servidores públicos.
Desde tribuna, señaló el legislador que es primordial que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado pongan el ejemplo nombrando, previa convocatoria, al titular de este órgano interno que coadyuve con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Cabada Arias resaltó que de crearse el Órgano Interno de Control, estará dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Propone además que tenga las siguientes atribuciones: verificar que el ejercicio de gasto del Congreso del Estado se realice conforme a la normatividad aplicable de los programas aprobados y montos autorizados; presentar a la Junta de Coordinación Política y al Pleno del Congreso los informes de las revisiones y auditorías que se realicen, para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Poder Legislativo; revisar que las operaciones presupuestales que realice el Congreso local se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen.
Asimismo, promover ante las instancias correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías; investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del H. Congreso del Estado, entre otras.
En la misma sesión, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para establecer que el gobernador reciba una remuneración digna y adecuada, acorde a la naturaleza de su cargo, que no sea mayor a la establecida para el presidente de la República.
Las iniciativas de reforma fueron turnadas a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.