Chilpancingo, Gro.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, sostuvo que la toma de las instalaciones del Poder Legislativo justo el día previo al Sexto Informe de Gobierno, “es ilegal y tiene evidentemente un trasfondo político, más allá de lo laboral; no tiene razón de ser y por ello se resolverá bajo el amparo de la ley”.
En entrevista, sostuvo que le parece muy extraño que en estos momentos los trabajadores le estén exigiendo pagos de ciertos bonos que todavía no están en su fecha de pago, como el bono del Día de la Secretaria, el bono del Servidor Público, el bono de fin de legislatura o la prestación del aguinaldo.
También hizo hincapié en una serie de prestaciones y bonos que les han sido cubiertos en tiempo y forma a los trabajadores adheridos a la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), como el incremento salarial del 3.15 por ciento retroactivo al mes de febrero, los bonos de la madre, del niño y del padre, entre muchos otros que dan cuenta de la plena disposición del Congreso.
Sin embargo, explicó, el hilo se rompió cuando los trabajadores exigieron por anticipado el bono por el Día de la Secretaria e incluso el pago del aguinaldo, a pesar de que no es diciembre. “A la secretaria se le festeja el 17 de julio y en esa fecha estaríamos cubriendo ese bono, y todos sabemos que los aguinaldos se pagan en diciembre”, puntualizó.
En ese sentido, Sánchez Esquivel cuestionó: ¿a razón de qué proceden a tomar por asalto el Congreso y paralizar la actividad legislativa? Es sumamente extraña esta actitud y llama a sospecha de que se trata de un ardid político”.
Precisó que la demanda de incremento salarial del 8 ya es un tema rebasado porque los representantes legales de los trabajadores aceptaron el aumento del 3.15 que mandata la Ley, y al que se ajusta la disponibilidad financiera de la institución, misma que en el último año no tuvo incremento presupuestal.
Lamentó que el propio secretario general del SUSPEG, David Martínez Mastache, se haya sumado al bloqueo de las instalaciones del Congreso, “en un acto que yo considero como un asalto al Poder Legislativo y su Junta de Coordinación Política, nos bloquearon todos los accesos y exigieron ser atendidos por la Jucopo, y se les escuchó, pero a pesar de ser atendidos, en todo momento de la plática se tuvo tomado el Congreso, lo que derivó posteriormente en la suspensión misma del informe del Ejecutivo, para el cual ya estaban dadas todas las condiciones para llevarse a cabo”.
Reafirmó que sin justificación alguna se realizó la toma del Congreso. “Por eso es que insisto: considero que la acción puede ser un tema político; sin embargo, el tema político no va a estar por encima del tema laboral, y los que se presten a eso tendrán que responder ante las instancias legales”.
Matizó que no todos los trabajadores de base se han sumado al movimiento, sino sólo un pequeño grupo, e indicó que el Poder Legislativo siempre será respetuoso de los logros, alcances y beneficios de los trabajadores, pero enmarcado en un contexto de legalidad.
“No pueden permitirse viejas prácticas de intimidación y chantaje político cuyo claro fin es afectar la tarea legislativa y la consecución de temas relevantes, como el cierre del periodo ordinario, la apertura e instalación de la Comisión Permanente y la posibilidad de desarrollar un periodo extraordinario en que se puedan desahogar temas como el nombramiento del auditor superior, la aprobación de la Ley Indígena, la despenalización del aborto y la misma Glosa del Informe”, reprochó.
Por último, Sánchez Esquivel dejó en claro que en este conflicto laboral no se utilizará la fuerza pública contra los trabajadores, “eso está descartado”, e insistió en que todo lo que se tenga que resolver será bajo el amparo de las leyes, por la vía jurídica, nunca por la fuerza.