Chilpancingo, Gro., 27 de febrero de 2022.- Con el propósito de garantizar los derechos humanos, la no discriminación, violencia y acoso laboral, social y económico hacia las mujeres guerrerenses, el Congreso local analiza reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero.
Las reformas que se encuentran en el proceso de análisis y dictaminación por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, consisten en implementar sanciones administrativas a los superiores jerárquicos que sean omisos de recibir y dar curso a las quejas sobre hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo. Además, para que se sancione al patrón o persona que emplee a una mujer y escatime su salario por cuestiones de género.
En la exposición de motivos se plantea la urgencia de atender esta problemática social en México, proteger el pleno desarrollo de las mujeres en el mercado laboral, y que tanto instancias públicas como privadas se rijan bajo el esquema de igualdad entre hombres y mujeres.
Abunda que la violación al derecho a un trabajo digno se manifiesta de diferentes maneras, como burlas o bromas pesadas; degradación, intimidación, humillaciones o carga excesiva de trabajo, hasta las agresiones físicas o sexuales, mismas que suelen provenir de jefes a subordinados, y donde las mujeres suelen ser las más vulnerables.
Además, informa que los estados con la desigualdad salarial más grande entre hombres y mujeres están Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Michoacán, donde el sector femenino no representa ni siquiera el 25 por ciento del total de trabajadores con buenos salarios, aunado a estereotipos que maneja la sociedad, como pensar que la mujer debe permanecer en casa, ideas que deben eliminarse porque en la actualidad las mujeres juegan un papel importante no sólo en sus hogares, sino también en la vida laboral, política, social y económica del país.
Estas iniciativas fueron presentadas por las diputadas Ana Lenis Reséndiz Javier y Julieta Fernández Márquez, como parte del compromiso de la LXIII Legislatura para contribuir con mejores políticas públicas que sancionen a quienes hagan uso de su cargo para vulnerar los derechos laborales e integridad física, moral, psicológica y sexual de las mujeres en sus centros de trabajo.