Chilpancingo, Gro., a 12 de abril del 2021.- El diputado Jesús Villanueva Vega presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa para que, en caso de que algún elemento policial incumpla con los requisitos de permanencia, no pueda obtener su reincorporación al servicio, independientemente del resultado del juicio o medio de defensa promovidos.
En relación con ello, el legislador señala que la federación, estados y municipios se han enfrascado en un cúmulo de demandas por parte de elementos policiales que han sido dados de baja, alegando que los procedimientos son insuficientes y ausentes de las garantías de audiencia y legalidad, lo que origina que los tribunales del ámbito administrativo mandaten a las entidades policiales a pagar prestaciones laborales que terminan siendo una merma a los recursos públicos.
Recordó que en junio del 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para depurar las corporaciones policiales de personas que no cumplen con los requisitos de Ley, y porque en muchos elementos existía la presunción de estar coludidos con actos ilícitos en el desempeño de sus funciones.
En ese sentido, Villanueva Vega refiere que por disposición de la Constitución, se limita o prohíbe que personal que hubiere sido separado del cargo pueda ser reinstalado, ni por mandato de los tribunales administrativos que determinen que fue ilegal o sin justificación la terminación del servicio.
Precisó, sin embargo, que los elementos al reclamar sus derechos o la reparación del daño generan un problema, ante la dificultad para determinar qué conceptos entran y cuáles no para su cuantificación y pago por despido, ya que no existe suplencia de ninguna legislación, como la Ley Federal del Trabajo.
Por lo anterior, el diputado propone reformar el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa para regular debidamente los procesos de separación, baja y cese de los elementos policiales, bajo un marco jurídico ya establecido que ayude tanto a las entidades encargadas de la seguridad pública como a proteger los derechos de los trabajadores, puesto que la Ley de Seguridad Pública no tiene parámetros para determinar la indemnización a favor de los elementos que son separados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.