En el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2017 dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por la ejecución arbitraria de dos personas y la violación de tres en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en 2016 por parte de efectivos adscritos al Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
Así como por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas (entre ellos las dos personas ejecutadas), la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual contra tres de ellas, actos por los que pidió reparar integralmente el daño proporcionando atención médica, psicológica y tanatológica.
Los hechos
De acuerdo con el testimonio del padre de una de las víctimas, el 27 de enero de 2016 personal militar retuvo a su hijo, a su sobrino y a dos personas más al interior de su domicilio, ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Luego de ello los elementos militares impidieron el acceso al domicilio y, mientras permaneció afuera, –detalló el testigo– escuchó que su hijo gritaba que “ya no lo golpearan”.
Dos horas más tarde, los militares subieron a tres de los detenidos a la parte trasera de una camioneta y aseguraron el vehículo de uno de ellos; la cuarta persona fue dejada en libertad.
Posteriormente el padre de una de las víctimas acudió a diferentes Agencias del Ministerio Público local y federal, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares.
En el auditorio público municipal “Miguel Hidalgo”, el mismo quejoso preguntó a elementos del Ejército Mexicano sobre el destino de las personas detenidas, pero le informaron que no efectuaron detención alguna y sólo habían asegurado un vehículo que tenía reporte de robo, por lo cual presentó la denuncia de hechos correspondiente ante el agente del Ministerio Público en Tepatitlán de Morelos.
Dos días después, personal de la Fiscalía General del estado le informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán habían sido localizados los cuerpos sin vida de dos de los detenidos, mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica, por las lesiones que presentaba, detalló la CNDH.
Tras el análisis de los testimonios y las pruebas periciales realizadas por personal de la Comisión, se acreditó que los efectivos militares ingresaron de manera ilegal al domicilio referido, toda vez que no presentaron la orden de cateo correspondiente.
Además de que al interior del mismo, las personas fueron víctimas de tortura y violencia sexual.
“Se constató que los afectados fueron detenidos arbitrariamente sin contar con el mandamiento judicial respectivo emitido por autoridad competente, por la probable comisión de un delito y sin que se acreditara la flagrancia o la urgencia como causa legítima para llevar a cabo dicho aseguramiento”, especificó la CNDH.
De igual forma, omitieron presentarlos de manera inmediata ante la autoridad y elaborar el informe correspondiente, como lo establece la ley, concluyó la Comisión.
“Por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos”, agregó.
El sobreviviente
Según la declaración de la víctima sobreviviente, el personal militar intentó privarla de la vida pretendiendo, en diversas ocasiones, quebrarle el cuello aplicándole una técnica conocida como “llave china”, observando que a las otras dos personas sí les habían torcido el cuello.
Al analizar las evidencias directas sobre el fallecimiento de las dos víctimas, la CNDH concluyó que fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos de la Sedena.
Ante ello, la Comisión Nacional señaló que cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso, para que sus actos sean sancionados.
Ante ello, el organismo nacional solicitó al Secretario de la Defensa Nacional reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica psicológica y tanatológica.
Así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control en la Sedena para la investigación de los hechos.
Además le pidió impartir un curso de capacitación a personal castrense para prevenir y proscribir la desaparición forzada, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, así como elaborar o, en su caso, actualizar el Protocolo para que se empleen cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio en todos los operativos militares.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la Sedena llevó a cabo acciones de reparación del daño.
