En lo que va del año en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones en contra de 40 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores, denunciaron comunicadores del estado ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de Expresión, David Kaye.
Este día el relator junto al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández se reunieron con periodistas del estado quienes externaron las condiciones de riesgo en la que realizan su trabajo, algunos relataron las agresiones y amenazas de las que han sido objeto.
En un escrito entregado a David Kaye los periodistas dan cuenta de la situación a la que se exponen en Guerrero, uno de los cuatro estados más peligros para ejercer el periodismo, además contabilizan el asesinato de 12 reporteros de 1997 a 2017.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, exponen en el documento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia; en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.
En el documento exponen que el trabajo de los reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. “Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes de Seguridad Pública”.
Sin embargo, precisan que el 71.8 por ciento de las agresiones documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen de servidores públicos.
De acuerdos a los comunicadores, la estela de asesinatos contra los periodistas en Guerrero empezó durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. El 23 de mayo de 1997 fue asesinado y después incinerado adentro de su automóvil el director del semanario 7 Días, Jesús Abel Bueno León.
En mayo de 2004, durante el periodo de gobierno de René Juárez Cisneros, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista mensual Mundo Político, fue sustraído, al parecer por policías judiciales, de su casa de Acapulco una madrugada y hasta la fecha no ha aparecido.
Y en lo que toca a las agresiones en contra de reporteros que cubren la nota diaria, empezaron en el 2006, durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, periodo en el que también arreció la espiral de violencia de la delincuencia organizada que agobia a Guerrero hasta hoy, y que cada día se vuelve más sanguinaria.
El 10 de noviembre de ese año, apareció muerto en un cuarto de hotel al director del periódico El Despertar de la Costa, Misael Tamayo Hernández. Según las autoridades a Tamayo Hernández le inyectaron una sobredosis de narcóticos, hasta paralizar su corazón.
Durante ese gobierno, también fue asesinado el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el 7 de abril de 2007.
“Es así, como a lo largo de esta última década, los reporteros desarrollan su trabajo en medio de un contexto de violencia extrema, en el que no existe ningún tipo de seguridad, debido a que hay zonas en las que la delincuencia opera a sus anchas sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga algo al respecto”.
En lo que va de la actual administración estatal han asesinado a dos periodistas. En abril de 2016, mataron en Taxco al corresponsal de El Sol de Acapulco, Francisco Pacheco, y en marzo de este año, en Ciudad Altamirano, al corresponsal de El Universal en Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto. El gobierno no ha esclarecido ninguno de los crímenes.
De las 40 agresiones que se han registrado este año contra periodistas precisan que, siete han sido por el crimen organizado y el resto por servidores públicos estatales y municipales.
El caso más reciente, es el del reportero del periódico El Sur, Zacarías Cervantes, a quien la noche del 15 de noviembre retuvieron unos siete individuos –uno de ellos armado– durante 20 minutos, al momento de abordar su automóvil en el centro de Chilpancingo.
“Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran”.
Los periodistas pidieron al relator que su vista a México no sea un asunto de trámite o anecdotario, y contribuya para comenzar un nuevo camino donde se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio periodístico.
Pidieron también que a partir luego de su visita se convierta en vigilante permanente de la actuación de las autoridades de México en relación al ejercicio periodístico.
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