El abogado y defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra calificó como grave la aprobación de la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior que establece la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y advirtió que al sacar a los militares a las calles se corre el riesgo se vincule con “la delincuencia organizada, con las redes de corrupción”.
El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido en 2014, dijo que la Ley de Seguridad Interior es ambigua, y puede ser utilizada para la represión de los movimientos sociales. Pidió al Senado de la república que no aprueba dicha Ley y que abran el debate.
Un retroceso Ley de Seguridad Interior: Tlachinollan
La aprobación de Ley de Seguridad Interior “pone en grave riesgo las libertades fundamentales”, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan, acompañó este día al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de expresión, David Kaye quien estuvo en Chilpancingo.
Barrera Hernández expuso que a las autoridades no les ha interesado a proteger a los periodistas en el estado, quienes no cuentan con garantías para realizar su trabajo, han sido asesinados, y otros están amenazados.
Durante su intervención dijo que la Ley de Seguridad Interior avalada en lo general y particular por la Cámara de Diputados pone en grave riesgo las libertades fundamentales, y recordó las desapariciones en manos del Ejército en los años 70, algo que dijo se repitió con la llamada guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón.
“Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, una ley que pone en grave riesgo las libertades fundamentales, porque el ejercito ahora va ejercer funciones de seguridad pública”, dijo.
“Guerrero es un estado no solamente pobre, es un estado donde ha prevalecido un orden de gobernar no a partir de las normas que nos rigen si no del uso de la fuerza del Estado, porque habido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones”.
“En los años 70 Guerrero enfrentó lo que llamamos la guerra sucia, donde el Ejercito implementó una estrategia de contrainsurgencias en contra de la población civil y sobre todo de grupos subversivos. Desde aquellos años hay testimonios de familias, de campesinos, de gente que denunció que fueron desaparecidos. Se habla más de 600 desaparecidos”.