Aurelia salió huyendo de la comunidad indígena de Xochicalco, que pertenece al municipio de Chilapa de Álvarez, para evitar ser quemada viva.
Ese es uno de los castigos que impone la costumbre de ese lugar de la Montaña de Guerrero, para las mujeres que sostienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Eso le advirtieron sus familiares porque ya se sospechaba en el pueblo que estaba embarazada.
Pero ella no había tenido sexo consensuado. Aurelia fue víctima de abuso sexual que perpetró en su contra, un miembro de la policía comunitaria.
Presa del miedo a sufrir alguna agresión física por la gente de su comunidad, la joven de entonces 20 años, se trasladó a la ciudad de Iguala a finales de septiembre en el 2019.
La madrugada del 2 de octubre, comenzó con fuertes dolores en el vientre y sangrado intenso que derivó en un aborto espontáneo mientras estaba sola en la casa donde se refugiaba.
Aurelia desconocía que estaba embarazada por lo que las semanas previas al aborto las pasó sin control médico obstétrico.
Tras el aborto espontáneo, fue trasladada al hospital general debido a la grave pérdida de sangre cuando expulsó el producto, lo que la puso en la línea de sufrir un choque hipovolémico, una complicación que puede provocar que los órganos dejen de funcionar.
Cuando convalecía en el hospital llegaron ahí agentes de investigación y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esposarla de la cama y detenerla sin que fuera informada de la razón y sin contar con un intérprete, pues ella habla náhuatl.
La Fiscalía de Guerrero la acusa de homicidio en grado de parentesco, un delito que les imputan a las mujeres que abortan y por el que están presas 16 mujeres en el estado, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero.
LA FISCALIA FABRICÓ EL CASO
La Fiscalía “resolvió” el caso en un tiempo récord: la noche del día que Aurelia fue detenida en el hospital, ya estaba realizados todos los peritajes y al siguiente día el expediente ya estaba armado.
Dos días después, el 4 de octubre del 2019, fue trasladada al CERESO de Iguala sin contar con un alta médica.
Para la defensa, el de Aurelia se trata de un caso fabricado por la FGE, ya que la prueba que sustenta la acusación de homicidio, es un dictamen pericial denominado “docimasia pulmonar” catalogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la comunidad científica internacional como una prueba no confiable, por la razón de que tiene un alto margen de error con la que no se puede sustentar ninguna acusación y menos una sentencia.
“¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Pretender que hay testigos de los hechos para poder sustentar que hubo vida después del parto, situación que en ningún momento se ha podido acreditar”, apunta la abogada Verónica Garzón Bonetti.
Y es que, cuando Aurelia tuvo el parto fortuito se encontraba sola en su casa.
Pero al no tener testigos presenciales del supuesto homicidio, la Fiscalía generó víctimas indirectas, una de las cuales ha señalado que ella no estaba acusando a Aurelia y tampoco se considera ofendida del caso.
La Fiscalía también intentó hacer pasar a los padres de Aurelia como víctimas indirectas llevándolos en varias ocasiones a las audiencias, sin explicarles el motivo.
“Se nos hacía extraño que no tuvieran ninguna participación, que no dijeran nada (durante las audiencias). Al momento de la coadyuvancia las víctimas indirectas asumen la acusación del Ministerio Público, es decir, es como si el padre y la madre de Aurelia estuvieran acusando a su propia hija del delito que se le trata de imputar”, explica la abogada Ximena Ugarte.
“Afortunadamente el juez Engelbert, ordenó que se les explicara a los padres -que también son pertenecientes a una comunidad indígena y que también hablan náhuatl- de qué se trataba la coadyuvancia y cuando se les explicó en qué consistía determinaron no acusar a su hija”, indicó.
Añadió que la Fiscalía está tratando de armar el caso a como dé el lugar sin el debido proceso y sin la debida diligencia.
PRESA POR SER POBRE
En el 2021, Aurelia fue sentenciada a 13 años 4 meses de prisión, porque fue obligada a aceptar el procedimiento abreviado, que consiste en que ella aceptaba haber cometido el delito que la Fiscalía le imputaba , y con ello disminuir la pena.
Las abogadas Veronica Garzón y Ximena Ugarte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) tomaron el caso tras la sentencia, al que también acompañaron diversas organizaciones y colectivas, entre ellas el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero.
Lo primero que hicieron fue interponer un recurso de apelación contra la sentencia del procedimiento abreviado, del que nadie le explicó a Aurelia en qué consistía.
“Diez meses después de ello la magistrada Indalecio Pacheco, en una resolución que nos pareció no solamente favorable sino histórica determinó que se habían violentado los derechos humanos de Aurelia por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, por lo que resolvió que se repusiera el procedimiento”, resaltaron las defensoras.
Por increíble que parezca, la asesoría pública de la Comisión de Víctimas de Guerrero interpuso un amparo contra esa determinación, lo que aún está pendiente de resolverse.
Otra de las irregularidades del proceso contra Aurelia es que pese a que ya lleva más de dos años con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, continúa en la cárcel. De acuerdo a sus abogadas, eso contraviene lo que marca Constitución Política, la cual establece que el plazo máximo que puede durar la medida es de dos años.
Es por ello que solicitaron a la jueza de enjuiciamiento Mariela Alfaro Zapata cambiar la medida cautelar para que Aurelia llevara el juicio fuera de prisión, sin embargo se negó, pues consideró que la única manera de que la joven indígena esté en juicio es manteniéndola presa debido a su pobreza.
“Porque es tan pobre que no se asegura que tenga dinero para los pasajes para llegar al juzgado. Es tan pobre que no puede dar una garantía monetaria que asegure que no se va a escapar”, ironizó Ximena Urgarde.
Lo más grave, subrayó, es que la jueza señaló que por el tipo de delito que había cometido y por la alta penalidad que tiene el delito, que es de 50 años, “Aurelia es un riesgo para su comunidad”.
“En una entidad donde hay mucha violencia contra las mujeres, una mujer indígena, precarizada, hablante del idioma náhuatl, es la que consideran como un riesgo para la sociedad”, lamentó Ugarde.
De acuerdo a la defensa, este jueves 1 de diciembre se llevará a cabo la tercer audiencia en el que se pretende desahogar todas las pruebas y antes de que termine el año, tener la sentencia.
“Esperamos que la jueza se ciña a las obligaciones que tiene como juzgadora. Que haga una valoración probatoria libre, con perspectiva de género, con perspectiva intercultural; libre de sesgos por las condiciones sociales, económicas y culturales en las que vive Aurelia”.
“No estamos pidiendo nada más, pero tampoco nada menos que no sea justicia”.