El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), lamentó que el Ejército Mexicano destacamentado en el municipio de Quechultenango desde el pasado domingo, no halla detenido a operadores del grupo criminal que opera en esa zona.
En un comunicado, horas después de que pobladores bloquearon el acceso a la cabecera municipal y posteriormente retuvieran a elementos del Ejército y agentes ministeriales, la organización lamentó que pese a que el Ejército cuenta con toda la capacidad técnica, logística y tecnológica no haya logrado realizar ninguna detención y que hayan sido expulsados por un grupo de pobladores, quienes en su mayoría temen al grupo criminal Los Ardillos quienes los tienen controlados.
“Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal, así como de las Guardias Comunitarias ¿a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios?”, señala la misiva.
Expusieron que el grupo delictivo, identificado por la Fiscalía de Guerrero como “Los Ardillos”, goza de protección desde hace 30 años por gobiernos emanados de los partidos PRI, PRD y actualmente Morena; y su presencia en las localidades de Colotlipa, Petaquillas y Tlanicuilulco -donde tienen su bastión-, así como en el municipio de Tixtla, está marcada por el miedo que infunden en la población con extorsiones y “atrocidades”.
Anticiparon que mientras no se detengan a las cabezas tanto de Los Ardillos como del grupo Los Rojos, “el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará” por lo que hicieron responsables al Estado de lo que le pueda suceder a los integrantes de la CIPOG-EZ.
En ese sentido, pidieron que se mantengan los operativos policiaco-militares en las demarcaciones señaladas, así como la desarticulación de los grupos delictivos y la detención de sus cabecillas.
Por último, pidieron a los mandos castrenses, de la Guardia Nacional y demás corporaciones policiacas, que sino pueden proteger a la población “renuncien y dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos”.