Guerrero. – Al razonar en contra su voto a la Iniciativa con proyecto de decreto en materia electoral, el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, explicó que dicha acción se debe a que el dictamen cae en la inconstitucionalidad e ilegalidad al no haber consultado a los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero como establece la ley.
Durante el razonamiento de su voto frente al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 13 Bis y 272 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en vías de cumplimiento a la resolución derivada del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales expediente número SCM-JDC-402/2018; Ríos Saucedo afirmó que aprobarlo es un “albazo legislativo y de espaldas a los Pueblos Originarios”.
“¡Sí!, se debe señalar de manera firme y contundente, que al aprobar esta reforma electoral este Congreso incurrirá en violación a la Constitución General y en particular los diputados que voten a favor, primero y por sobre todo, porque se viola el derecho de los Pueblos Indígenas y Afromexicano a ser consultados, en forma previa y garantemente adecuada, respecto de esta reforma en específico”, votando en contra de dicho dictamen.
Incluso afirmó que de aprobarse esta reforma de ley electoral, sería una “incongruencia” donde el Congreso Local “quedará evidenciado con un proceder de engaño o falsedad respecto del cumplimiento de una ejecutoria del Poder Judicial”, dijo.
Con esta reforma electoral se establece la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de origen indígena o afromexicano para las diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos, siendo fundamentado por la diputada panista, Guadalupe González Suástegui.
Casi al finalizar su participación, el morenista reiteró su llamado a todas las fuerzas políticas parlamentarias a no dejar en la congeladora la iniciativa de reforma constitucional presentada desde diciembre por la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual afirmó es de profundo calado y atiende el reclamo de 30 años de lucha ininterrumpida de los Pueblos indígenas y Afromexicano por el reconocimiento integral de sus derechos.
“Misma iniciativa que fue producto de una consulta que cumplió con los parámetros constitucionales de ser previa, informada, de buena fe, adecuada y accesible”, aseguró Ríos Saucedo.