La noche del jueves 26 y madrugada del viernes 27 de septiembre del 2014, se registró en Iguala un hecho que estremeció al país: estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el equipo de Los Avispones de Chilpancingo fueron atacados, dejando como saldo siete personas asesinadas, y la desaparición de 43 normalistas.
A decir de las autoridades, la desaparición de los 43 normalistas evidenció el vínculo del gobierno municipal con la delincuencia organizada, quienes utilizaban a los policías preventivos para cometer ilícitos, como secuestros, levantones y ejecuciones.
Tras los hechos el exalcalde de Iguala, José Luisa González Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos y actualmente se encuentran presos acusados de nexos con el crimen.
Padres de los 43, organizaciones sociales, maestros cetegistas, y estudiantes se salieron a las calles para exigir justicia y la presentación con vida de los normalistas. Las protestas fueron acompañadas de bloqueos, quemas de edificios y disturbios.
En medio de la presión social, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero– y a quien los padres responsabilizan de la desaparición de los estudiantes-pidió licencia al cargo un mes después de los hechos.
La semana pasada, con el respaldo de la dirigencia del PRD en Guerrero, Aguirre Rivero se registró como precandidato a diputado federal por el distrito 8 de la región de la Costa Chica, que incluye el municipio de Ometepec de donde es originario.
En contraste, los padres colocaron un árbol de navidad con las imágenes de los 43 normalistas desaparecidos en el zócalo de la capital, donde exigieron justicia por los tres estudiantes muertos esa noche en Iguala y la presentación con vida de jóvenes desaparecidos.
El movimiento por Ayotzinapa que aglutina a diversas organizaciones sociales y al magisterio anunció un boicot a la campaña de Aguirre Rivero, si decide contender como candidato a diputado federal.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene dentro de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, una línea que tiene que ver con las autoridades estatales, que incluye a Aguirre Rivero y al entonces procurador del estado.
Padres de los 43 han reprochado que a dos años de la desaparición de los normalistas hasta el momento no se ha procedido contra el exmandatario.
El gobierno federal sigue insistiendo hasta ahora en la “La verdad histórica de los hechos”: que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula.