Los diputados de Morena, Moisés Reyes Sandoval y Jesús Villanueva Vega, presentaron iniciativas de reforma a la Constitución local para que el fiscal general del estado y el fiscal en combate anticorrupción sean elegidos a través de convocatorias públicas emitidas por el Congreso.
El diputado Jesús Villanueva Vega presentó la iniciativa para dar autonomía a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y que su titular sea nombrado a través de una convocatoria pública y no designado por el fiscal general.
La propuesta del diputado es que el fiscal anticorrupción será nombrado a través de una convocatoria pública expedida por el Poder Legislativo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La Jucopo realizará una evaluación de los aspirantes, revisará los perfiles, aplicará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, hará las demás evaluaciones que considere pertinentes.
Se presentará una terna de entre los cuales se designará al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. En la conformación la terna se procurará la experiencia en materia anticorrupción. El fiscal especializado será́ designado por el Congreso mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
En tanto que Moisés Reyes Sandoval propuso una iniciativa de reforma a la Constitución local, para que sea a través de una convocatoria pública emitida como se elija al fiscal general del estado, con el objetivo de dar mayor autonomía a la dependencia y transparencia en la designación de su titular sin que sea el gobernador Héctor Astudillo Flores quien envíe la terna como sucede actualmente.
“La presente iniciativa, tiene como objetivo principal, el fortalecimiento de la autonomía del órgano público encargado de la investigación y persecución de los delitos, lo anterior, se logrará con la implementación de un procedimiento en el que únicamente sea este Poder Legislativo, quien seleccione y designe al titular de este”, señaló el diputado en tribuna.
Precisó que “dado que se trata de una convocatoria expedida únicamente por el Poder Legislativo del Estado, en uso de sus facultades constitucionales, debe ser éste, quien desahogue y resuelva total y definitivamente el procedimiento respectivo.