Periodistas de Chilpancingo se manifestaron este martes para exigir a las autoridades garantías para la labor periodística y emitieron un “un llamado urgente” para que organismos internacionales intervengan ante la creciente violencia.
La manifestación, en la que participaron unos 80 comunicadores, recorrió las calles de Chilpancingo hasta llegar al Palacio de Gobierno donde realizaron un mitin y exigieron a las autoridades dar garantizar para poder realizar su trabajo y enumeraron las agresiones y asesinatos de periodistas que siguen impunes.
Los representantes de diversos medios de comunicación solicitaron al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab “su urgente intervención ante las graves condiciones que se viven en Guerrero para el desarrollo de nuestra actividad periodística”.
“Las acciones del gobierno de Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad y castigar crímenes en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción institucional, contradicen las recomendaciones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la Libertad de pensamiento y expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el continente”, señala el escrito.
El 23 de junio de 2017, el mandatario designó a María Elena Jaimes Martínez, señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia, como coordinadora ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Mientras que Rigoberta Román Orea fue designada como fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos.
Román Orea no solo carece de certificación en el nuevo sistema de Justicia Penal, sino también de exámenes de control y confianza al igual que 300 peritos, Agentes del Ministerio Público del fuero común y policías ministeriales que laboran de manera ilegal en la dependencia y que están incurriendo en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación.