Los funcionarios públicos están obligados a garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines políticos y electorales, por lo que es necesario su protección ante las elecciones de julio, dijo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad, Armando Soto Díaz, quien anunció que la dependencia a nivel federal puso en marcha el programa Blindaje electoral.
En entrevista el funcionario federal precisó que los programas sociales no se van a detener por el proceso electoral y seguirán funcionando de manera normal, sin embargo, advirtió que las sanciones contra los funcionarios que los utilicen con fines políticos electorales podrían ir desde administrativas, hasta penales.
“No se detienen los programas siguen su curso de manera normal. Lo que se tiene que hacer es el blindaje electoral, que consiste en la actuación correcta de cada funcionario que maneje los programas y que cada procedimiento que se haga de los programas esté conforme a la ley y que no transgreda su ámbito social y que por ningún motivo trastoque el ambiento electoral”, dijo.
Advirtió que las sanciones van de todo tipo, desde administrativas hasta penales.
“Si un funcionario transgrede la ley de manera penal por algún delito electoral tiene que responder como cualquier otro ciudadano. Si es serio, en la Sedesol lo estamos observando como algo muy serio”, agregó.
Dentro del Blindaje electoral que inició a finales del 2017, los funcionarios recibirán en la oficinas centrales de la dependencias capacitación para que conozcan lo que pueden y no hacer durante el tiempo electoral.
Soto Díaz destacó que en los programas sociales cada vez menos se manejan recursos económicos en las delegaciones, y en los programas más grandes como Adultos mayores y Prospera, los pagos se hacen vía transferencia directa al beneficiario, y no se maneja dinero en efectivo.