Anastacia Cabrera, habitante de la localidad indígena de Tula, Chilapa, llora por la perdida de su hogar, chivos y gallinas, a manos del narco; el gobierno no ha cumplido con la reparación de su vivienda
Tiene más de 70 años, y de un día a otro su vida cambió. Ahora, la señora Anastacia Cabrera Tapia tiene que pedir prestados insumos y hasta un lugar donde dormir, luego de que civiles armados incendiaron su vivienda en la localidad de Tula, municipio de Chilapa de Álvarez.
Con notoria tristeza, y con la esperanza de que su voz cause eco entre las autoridades que se comprometieron a atender la problemática, la mujer indígena, recordó el violento episodio del mes de mayo que los obligó a desplazarse de la localidad de Tula, hacia Alcozacán.
Es precisamente en una asamblea en Alcozacán, en donde Anastacia, narró que luego de los ataques,l regresó solamente para comprobar que su casa estaba incendiada. En ese evento, los civiles armados, a quienes describe como “gente sin alma o que no son hijos de Dios”, también quemaron su acta de nacimiento, su credencial de elector y hasta su tarjeta de Bienestar, con la cual cobraba el programa de Pensión para Asuntos Mayores.
Toma el micrófono y se cubre parcialmente la cara con su rebozo, como una típica mujer indígena de la Montaña Baja de Guerrero. Enseguida, reclama que ella tiene un hogar, actualmente destruido, y que aunque agradece la hospitalidad de su familia y cercanos, no le gusta vivir arrimada “como un perro”.
Su modo de vida ahora depende de la ayuda que recibe por parte de pueblos vecinos. Los pocos chivos que criaba se perdieron entre los ataques armados y la irrupción de presuntos delincuentes en el poblado, sus 24 gallinas fueron devoradas por perros, “porque los animalitos tienen hambre”.
“Por eso yo me siento triste, me siento abandonada”, dice mientras seca sus lágrimas con el rebozo. La mujer cuestiona la falta de cumplimiento del gobierno, que el pasado mes de mayo prometió la rehabilitación y reparación de las casas que fueron dañadas durante la jornada de violencia en el corredor Chilapa – Hueycantenago.
Entre los días 6 y 10 de mayo pasados, las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, del municipio de Chilapa, denunciaron ataques armados por parte de un grupo delictivo que provocaron el desplazamiento de más de 800 familias. Fue luego de una semana, cuando el gobierno de Guerrero confirmó los hechos de violencia, aunque con un menor número de víctimas de desplazamiento forzado.
Tras el anuncio de refuerzo de seguridad en la región, el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, adelantó que se llevarían acciones para la rehabilitación y reparación de viviendas afectadas, y garantizar el regreso seguro de las familias, sin embargo, hasta el día de hoy, de acuerdo con los afectados, no hay ningún tipo de avance.