Guerrero. – Diputados locales de Morena solicitaron que se realice una investigación exhaustiva ante la presunción de anomalías y de actos de corrupción en las mil 100 viviendas construidas en el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, donde se reubicaron a familias afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013, sin embargo este exhorto fue rechazado por el PRI, por lo que fue enviada a comisiones para su revisión.
En tribuna, la diputada del distrito 1, Norma Otilia Hernández Martínez, solicitó a la plenaria que se exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la titular de la Función Pública del Gobierno Federal que realicen dicha investigación.
Recordó que en julio de 2014, el entonces Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Carlos Ramírez Marín, dijo que se construirían mil 100 viviendas para familias que resultaron afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013, en el que habría canchas de fútbol y baloncesto, mercado, terminal de autobuses, zonas recreativas y escuelas.
Hernández Martínez afirmó que de acuerdo a diversos dictámenes, los terrenos eran inestables, irregulares y no eran aptos para la construcción; además de que el predio se adquirió a un costo superior de su valor real; ya que por tres hectáreas se pagaron más de 30 millones de pesos.
Las casas que se habían entregado tenían daños y eran notoriamente visibles, sobre todo las cuarteaduras, esto a razón de que la mayoría están construidas con estructuras prefabricadas, además de que algunas estaban montadas sobre otras.
Recordando que por cada vivienda, el delegado de la SEDATU en Guerrero durante 2017, José Manuel Armenta Tello, explicó que el costo fue de 190 mil pesos, 120 mil en construcción y 70 mil en la introducción de los servicios.
No obstante, según los propios informes oficiales, hasta ahora sólo se han construido 598 viviendas en seis hectáreas, sin servicios básicos como agua potable y electricidad y 60 deben ser demolidas, ya que al estar sobre terreno inestable presentan fracturas.
Para la edificación del complejo, la SEDATU otorgó contratos directos por un monto de 369 millones 34 mil pesos a cuatro empresas: Servicios en Concreto Maza, Jumens, Casa Flex e Inmobiliaria K (Morfeus). Todas están denunciadas ante la Fiscalía General de la República por responsabilidad penal.
Además, actualmente están interpuestas 12 denuncias que presentó la SEDATU en contra de las empresas y en contra de quien resulte responsable y se está pidiendo la devolución de 94 millones de pesos.
“Por estas irregularidades, estuvieron involucrados una red de funcionarios, políticos y empresarios de la construcción que se repartieron discrecionalmente los fondos y dejaron obras de mala calidad, inconclusas e incluso inexistentes, pues solo hay dos funcionarios inhabilitados, el Exdelegado de la SEDATU en Guerrero y actualmente diputado suplente, Héctor Vicario Castrejón y la ex coordinadora de Delegados de SEDATU, Sheila Karín Ortega”, refirió.
Insistió que ante el evidente hecho de irresponsabilidad gubernamental de los funcionarios o servidores públicos se debe de realizar una investigación exhaustiva de lo sucedido que combata la corrupción.
También suscribieron este acuerdo los diputados, Blanca Celene Armenta Piza, Nilsan Hilario Mendoza y Luis Enrique Ríos Saucedo.