Chilpancingo, Gro., 6 de junio de 2025. Al cumplirse 27 años de la masacre de El Charco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto a viudas, sobrevivientes y familiares de víctimas, conmemoró los hechos con una jornada de memoria y exigencia de justicia en el kiosco de la Alameda Granados Maldonado.
Durante el acto recordaron la madrugada del 7 de junio de 1998, cuando soldados y mandos del Ejército Mexicano, adscritos a la 27 Zona Militar, irrumpieron violentamente en la comunidad indígena de El Charco, municipio de Ayutla, donde dispararon contra un grupo de indígenas Tu’un Savi que se encontraban reunidos en una escuela primaria para discutir temas comunitarios relacionados con salud, educación y alfabetización.
El ataque dejó un saldo de 11 personas asesinadas, 10 indígenas y un estudiante de la UNAM, cinco heridos graves, 22 detenidos arbitrariamente y casos documentados de tortura, incluso contra menores de edad y una estudiante universitaria.
En su pronunciamiento, Tlachinollan denunció que, a 27 años del crimen, no se ha sancionado a ninguno de los responsables materiales ni a las autoridades militares y civiles que ordenaron la operación. Por el contrario, las únicas personas procesadas fueron los propios indígenas sobrevivientes, quienes enfrentaron acusaciones por delitos como rebelión, terrorismo y portación de armas, mientras los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas castrenses permanecen en la impunidad.
La organización recordó que al menos cuatro de los sobrevivientes fueron asesinados tras recuperar su libertad y que, tras la masacre, el Ejército mantuvo una fuerte presencia militar en la región, ejecutando una política de contrainsurgencia que desmanteló los procesos autogestivos de las comunidades. Violaciones como las sufridas por Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega son parte de esa estrategia de represión, sostuvo Tlachinollan.
Actualmente, el caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero los avances son lentos debido al debilitamiento institucional del organismo y la falta de voluntad política del Estado mexicano.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó recientemente el caso en el marco de disputas partidistas con el expresidente Ernesto Zedillo, bajo cuyo mandato ocurrió la masacre, Tlachinollan subrayó que no ha habido ningún acercamiento con las víctimas ni acciones concretas para reabrir las investigaciones o sancionar a los responsables. Por ello, 33 indígenas, entre viudas y sobrevivientes, han solicitado formalmente una reunión con la mandataria federal.
“La sangre de nuestros hermanos clama justicia, y no descansaremos hasta que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad y se repare el daño causado”, señalaron durante el acto conmemorativo.