Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunciaron que la designación de la encargada de la Auditoria Superior del Estado (ASE) Natividad Pérez Guinto es ilegal, toda vez que es el pleno del Congreso el que tiene la facultad ello.
Los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa esta tarde en el lobby del Congreso del Estado para manifestar su inconformidad y anunciar que recurrirán a las instancias legales “para combatir” tal designación.
La diputada Gabriela Bernal Reséndiz, secretaria de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, recordó que el pasado 20 de julio del 2021 concluyó su encargo Alfonso Damián Peralta al frente del organismo fiscalizador y que de acuerdo a la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y del reglamento Interior de la ASE, correspondía asumir la suplencia a Pérez Guinto, entonces auditora especial de Evaluación de Desempeño.
Acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel de emitir un documento donde designó de manera ilegal como “encargada de despacho” de la ASE a Natividad Pérez, nombramiento que hizo patente en la reunión que sostuvieron con ella previo a la conferencia.
Añadió que la auditora realizó nombramientos de auditores especiales y directores generales, lo que calificó de arbitrario e ilegal, pues “los actos emanados de quien aceptó y asumió tal designación son igual de inválidos e ilegales porque no se cumplen los requisitos de validez del acto jurídico, ya que el presidente de la Jucopo no está facultado”.
Bernal Reséndiz exhibió una copia del supuesto documento donde Sánchez Esquivel hizo la designación, sin embargo no ofrecieron una copia a los reporteros presentes.
De acuerdo a Bernal Reséndiz, la Ley 468 señala que es la Comisión de Vigilancia quien tiene la facultad para tener comunicación entre el Congreso y la ASE, lo que incumplió el diputado Sánchez Esquivel.
Por su parte, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que recurrirán a las instancias legales para “combatir” la designación tanto de la encargada del organismo como de los titulares que ella designó.
“Guerrero depende fundamentalmente de los recursos públicos federales, la Auditoria Superior del Estado, realiza convenios institucionales con la Auditoría Superior de la Federación y ponen en riesgo esa coordinación”.
Añadió que notificarán las irregularidades a los órganos superiores de fiscalización y adelantó que están analizando realizar las denuncias contra los servidores públicos que incurrieron en la violación al marco legal.
Por último, los legisladores negaron que se trate de un asunto político o una maniobra para obtener espacios.