Guerrero. – El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que legaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en coordinación con la Guardia Nacional durante los próximos cinco años, causó discusión entre los diputados locales.
En la sesión virtual de este miércoles, la diputada del PAN, Guadalupe González Suastegui fue la primera en abordar el tema y cuestionó “la incongruencia” del presidente quien durante administraciones pasadas dijo, criticó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Recordó que una de sus principales promesas de campaña fue regresar a los militares a sus cuarteles.
Cuestionó que el presidente esté repitiendo estrategias de gobiernos anteriores que aseguraban eran fallecidas y lo está haciendo sin tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
Sostuvo que el decreto emitido por el presidente no establece la subordinación de las Fuerzas Armadas, al mando civil, como lo establece la CIDH, por el contrario, establece la coordinación de las Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
La panista consideró que la militarización de la seguridad pública ha sido la respuesta del gobierno de AMLO “ante su incapacidad para resolver los problemas de inseguridad”.
Y la Guardia Nacional creada en este sexenio dijo, ha sido un rotundo fracaso.
“En este gobierno existe un mal uso de las fuerzas armadas: por una parte la utilización del Ejército en tareas que no le corresponden y por otra, la militarización de la seguridad pública”, dijo.
“Hoy, las fuerzas armadas son utilizados como albañiles, peones y constructores de obras inviables como el Aeropuerto Santa Lucía o la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y demás proyectos inmobiliarios”.
En su intervención el vicecoordinador de la bancada del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán cuestionó que la diputada del PAN condenara una acción que su gobierno promovió durante seis años, en relación con la administración de Felipe Calderón quien sacó a los militares a las calles durante la “guerra contra el narco”.
El perredista dijo que aunque el decreto promulgado establece que el Ejército actúe por el resto del sexenio de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, “en esta decisión hay un reconocimiento implícito de que las cosas no marchan bien”.
En el acuerdo dijo, no se aclara la forma en que va a operar este nuevo modelo, por lo tanto se pone en duda las normas primarias y secundarias que dieron sustento jurídico a la actuación de la Guardia Nacional.
Lo que consideró que no es una buena señal, y con el decreto se privilegia el esquema de operación militar y no un mando civil como se dijo en un primer momento,
Tampoco es buena señala la forma en que se determinó esta medida, “muestra de la concentración de poder en un gobernante proclive a tomar decisiones unilaterales”, dijo.
“No vamos a calificar si estas decisiones son buenas o malas, porque debemos reconocer que la violencia es por mucho, la epidemia más letal que enfrentamos. El país vive momentos excepcionales y se deben tomar decisiones excepcionales”, dijo.
“Estemos atentos a que esta incursión de nuestra Fuerzas Armadas no signifique un retroceso en los derechos humanos, y que no se repitan episodios amargos de todos conocidos, en diferentes regiones del país”.
El diputado de Morena, Marco Antonio Cabada Arias dijo que la estrategia de seguridad en el gobierno de López Obrador no es la misma que la de los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón quienes sacaron al Ejército a las callas “sin ninguna fundamentación jurídica ni legal”.
Defendió que en actual gobierno se creó la Guardia Nacional a quien se subordinarán las Fuerzas Armadas.
“Es mejor que el Ejército este construyendo aeropuertos y carreteras, es mejor teniendo al Ejército cuidando hospitales de Covid-19 que como eran utilizados para reprimir en los anteriores sexenios”.
El morenista justificó que el Ejército debe salir a las calles porque el 90% de las policías de todos los niveles de gobierno en el país están infiltradas con el delincuencia y una vez que los policías cumplan con su responsabilidad los militares podrían regresar a sus cuarteles.
Por su parte el priista Heriberto Huicochea consideró que en este momento no es la mejor estrategia incorporar las Fuerzas Armadas a la subordinación a la Guardia Nacional.
“Hay otras medidas que son importantes y tenemos que seguir robusteciendo las causas que originaran los problemas de la delincuencia y la violencia”.
Con el decreto emitido por el presidente, los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente 12 funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
El decreto se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.