Diana Bernabé Vega afirmó que mientras no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales que establece la ley para hacer justes al precio del pasaje, los concesionarios están obligados a respetar la tarifa vigente de ocho pesos
La diputada local Diana Bernabé Vega cuestionó la legalidad del incremento a la tarifa del transporte público urbano en Chilpancingo pues se está cobrando a los usuarios sin sustento legal ni con los procedimientos que establece la ley al respecto.
A través de un comunicado, la legisladora indicó que desde el pasado 6 de abril el pasaje pasó de 8 a 10 pesos sin que exista, de manera pública, un estudio técnico, la aprobación de las autoridades ni su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Sostuvo que la tarifa legal vigente continúa siendo de ocho pesos, y recordó que la Ley de Transporte y Vialidad establece que cualquier ajuste debe contar con un estudio previo, la validación del Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y su publicación oficial.
La legisladora de Morena, advirtió que el aumento representa un incremento del 25 por ciento, el cual calificó como desproporcionado y con impacto directo en la economía de quienes utilizan el servicio de manera cotidiana.
Sobre el argumento de que el alza se debe al incremento en el precio de la gasolina, Bernabé Vega señaló que los datos no respaldan esa justificación, ya que el combustible ha tenido un aumento menor en los últimos años.
“El último dictamen oficial, de 2022, registró la gasolina Magna en 22 pesos por litro; hoy ronda los 23.50. Eso es un aumento de entre 5 y 7 por ciento en cuatro años. Si en aquella ocasión un aumento del 14 por ciento en la gasolina justificó un ajuste proporcional de un peso en la tarifa, un aumento de 6 por ciento en el combustible no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, un incremento del 25 por ciento en el pasaje”.
La diputada señaló que es necesario que la Comisión Técnica de Transporte informe cómo se determinó el ajuste y pidió que, mientras no se cumplan los requisitos legales, los concesionarios respeten la tarifa de ocho pesos.
Añadió que el transporte público es utilizado por trabajadores, estudiantes y otros sectores, por lo que no se puede incrementar su costo sin apego a la ley ni sin considerar la situación económica de la población.