Guerrero. – El ex director general del Colegio de Bachilleres (Cobach) Fermín Alvarado Arroyo, rechazó las observaciones de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Guerrero, acerca de un presunto desfalco millonario y consideró que esta violó su garantía de audiencia y presunción de inocencia.
“Es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo que la Contraloría se haya prestado a presentar públicamente supuestas conclusiones de la auditoría practicada al Colegio de Bachilleres por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021”, afirmó mediante un posicionamiento a medios de comunicación.
“Hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años, lo que nunca sucedió”, expuso.
Según el ex funcionario, los recursos financieros que llegaban a la institución, se destinaban al pago de salarios, que representa el 96 por ciento y el resto, para gastos de operación que representa el cuatro por ciento.
“La supuesta falta de pago de impuestos y prestaciones sociales por 813 millones de pesos, es indebido que se pretenda imputar a mi persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás”.
“Por lo que es falso que se hicieran las retenciones y estas no fueran pagadas. Se hacen, si, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, por que este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”, apuntó.
Este medio informó el pasado jueves que la Contraloría Estatal al frente de Eduardo Loria Casanova, informó que la auditoría a la administración 2018-2021 del Colegio de Bachilleres dejó un total de 17 observaciones al Colegio de Bachilleres que suman un monto de mil 300 millones de pesos.
De acuerdo con los datos de Loria Casanova, Fermín Alvarado, entregó 87 bases y 15 de ellas fueron destinadas a sus familiares.
En ese contexto, el órgano fiscalizador del Estado, determinó que el priísta será inhabilitado para asumir un cargo público.
“Invito a no seguir politizando un procedimiento administrativo de fiscalización del que no he sido notificado”, remató el exfuncionario del gobierno astudillista.