Como parte de las acciones en apoyo a presos políticos, el día sábado se realizaría una visita a dos integrantes del CECOP
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, denunció que autoridades del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, les negaron la entrada a un grupo de activistas que acudían a una visita por dos detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
Con la finalidad de realizar una visita y una charla con Rodrigo y Modesto León Jacinto (padre e hijo), detenidos por el delito de homicidio en 2022, organizaciones sociales se concentraron en el penal de Las Cruces, en Acapulco. Sin embargo, contrario a ocasiones pasadas, se les negó el acceso.
Lo anterior, denunció Tlachinollan, se trata de un acto que retira todo tipo de diálogo con luchadores sociales pues afirmó que ambos se encuentran detenidos por sus labores como fundadores de la policía comunitaria de los bienes comunales de Cacahuatepec.
De acuerdo con la ONG, se intentó dialogar con la Secretaría de Asuntos Políticos del Gobierno de Guerrero, para que coadyuvaran a facilitar la entrada de las organizaciones, sin embargo “dijeron que no podían intervenir”.
“Prevaleció la cerrazón, la aplicación tajante de una normativa que regularmente son para las familias que visitan a sus familiares. Les pedimos a las autoridades que respeten los derechos porque no se les puede impedir que dialoguen Rodrigo y Modesto con organizaciones de derechos humanos”.
En una misiva, el centro de derechos humanos, afirmó que a través de la parte legal que encabeza Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, se han entregado ya todas las pruebas que desacreditan la versión de las autoridades sobre las acusaciones en contra de ambos activistas.
Afirmaron que la persecución legal en su contra es por la asamblea del 2014 en la que el CECOP decide formar a la policía comunitaria, y justamente Rodrigo y Modesto formaban parte de dicho sistema de justicia comunitario. Recordaron el reciente caso de Jesús Plácido, líder del Cipog-EZ, también detenido el pasado mes de julio, acusado de un homicidio en 2021.
Afuera del penal de Las Cruces, luego del impedimento de ingresar, la académica de la UNAM y activista Margara Millán, reconoció la lucha del CECOP y lo comparó como un modelo exitoso, luego de la conformación de las policías comunitarias de la CRAC-PC en la región de la Costa Chica, las cuales están debidamente constituidas y avaladas por el gobierno.
“Queremos sumarnos al llamado al Poder Judicial del Estado de Guerrero, así como a todas las autoridades locales y federales, a revisar con cuidado las pruebas de defensa que él prestigiado Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que encabeza su defensa legal, ha presentado, demostrando su inocencia”, pronunció.
Al pronunciamiento, se sumaron organizaciones de defensa de derechos humanos, escritores, académicos, periodistas y artistas nacionales e internacionales, y advirtieron que seguirán de cerca de este caso, para que se indague con apego y restricto a los derechos y confiaron en la libertad de los activistas, tras comprobarse su inocencia.